Redacción. Pese al extendido Plan Antiextorsión que implementa el gobierno desde el año pasado, diferentes rutas del transporte de pasajeros continúan siendo atacadas por grupos delictivos que ejercen el cobro de extorsión.
Recientemente, rutas de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y Puerto Cortés han paralizado sus unidades a consecuencia de este flagelo. Es más, presuntamente, nuevos grupos delictivos estarían sumando una tarifa más al temido «impuesto de guerra».
El dirigente del transporte, Gerardo Aguilar, considera una «extraña coincidencia» que luego de las reyertas en los centros penitenciarios aparezcan nuevos grupos extorsivos a lo largo y ancho del territorio hondureño.
«Han surgido nuevos grupos criminales exigiendo pago de extorsión. Casualmente todo inició con el tema de los motines en las cárceles, en Semana Santa y hoy nos tiene varias rutas paralizadas», manifestó Aguilar para luego ironizar: «es una coincidencia».
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En ese sentido, dijo que aún con las nuevas medidas de seguridad la operatividad de los grupos delictivos sigue igual, «no ha cambiado en nada».
Aguilar aseguró que el Plan Antiextorsión «no ha tenido efecto», porque la extorsión se ha mantenido y en algunos puntos ha tenido una escalada. «Nos sentimos completamente desprotegidos. La respuesta de las autoridades debería mostrarse en acciones, no las hemos visito», indicó.
Agregó: «Sigue habiendo ingobernabilidad de las cárceles, que es donde se generan la mayoría de operaciones. En resumen, simplemente seguimos pagando extorsión y siguen surgiendo nuevos grupos extorsivos».
Depuración
Gerardo Aguilar manifestó que se debe realizar una depuración en el rubro del transporte, porque muchos de sus miembros podrían estar involucrados con grupos extorsionadores.
Asimismo, señaló que debería ponerse en marcha el seguimiento del dinero que entregan mediante varias vías a las estructuras criminales.
«El transporte legal es quien más sufre este tipo de atentados y la paralización de rutas. El transporte ilegal, pues aparentemente no sufre daños», expresó.
Aguilar también aseguró: «No descartamos que exista algún involucramiento, incluso algunos transportistas y seudo dirigentes que están involucrados con estas actividades».
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Desde hace unos 15 años, el sector transporte ha sido víctima del cobro de extorsión, lo que ha provocado que la mano de obra responsable haya dado un paso al costado.
«Eso se refleja en los accidentes que se han registrado en la capital, es producto del mal personal. Son gente que no cuenta con experiencia, ni el compromiso, muchos de ellos están involucrados con estructuras criminales. La mano de obra calificada ya no está operando con nosotros, producto de la inseguridad», afirmó.
Finalmente, dijo que se debe poner toda la fuerza uniformada al servicio de la seguridad ciudadana y atender a las familias que han sido víctimas del crimen organizado.
Desertores de la 18 y MS
El director de comunicaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Fu, confirmó que los nuevos grupos extorsionadores que atacaron recientemente a puntos del transporte son desertores de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
«Se ha logrado evidenciar y comprobar que son desertores de maras y pandillas. Algún miembro de la MS o de la 18 desertan y pretenden estructurar nuevos grupos criminales para la comisión de este ilícito«, puntualizó.
Detalló: «Se ha logrado evidenciar que algunos transportistas vinculados han pretendido hacerse pasar por miembros de estas estructuras criminales tradicionales para extorsionar».
Fu dijo que se ha destinado la mayor parte de los recursos destinados a Seguridad en trabajos de inteligencia para enfrentar la extorsión, pero que no ha sido suficiente. Planteó que hace falta implementar medidas como la depuración y certificación del sector transporte.
«No se ha podio depurar y certificar el rubro. Las investigaciones de la DIPAMPCO han evidenciado que conductores, cobradores y despachadores de unidades de transporte están vinculados a estructuras criminales que ejercen el cobro de extorsión», expresó.
Con la certificación de los empleados del transporte, podrán conocer el historial de cada uno de ellos y si tienen vínculos ilícitos.
Organismos de DDHH interceden para que presos tengan acceso a llamadas
Los miembros de estructuras criminales continúan coordinando las acciones desde los centros penales, así lo confirmó Mario Fu.
«Dentro de los centros penales hay algunos aspectos sensibles y problemas que se han suscitado. Es una realidad siguen saliendo llamadas desde los centros penales«, confesó el de la DIPAMPCO.
Con la nueva intervención se buscarán nuevas soluciones a las recientes reyertas. «En este caso, organismos de derechos humanos han mantenido un espacio para tratar de mantener que los privados de libertad tengan acceso a llamadas, (pero) se van a buscar algunas soluciones», explicó.
Esperan mayores resultados
Sobre el tema, el analista Edgar Soriano opinó que se esperan mayores resultados del Plan Antiextorsión y, de no tenerlos para finales de 2023, se deben aplicar nuevas medidas, encaminadas a la prevención y generación de oportunidades.
Soriano apuntó que la extorsión es un problema estructural que se debe abordar desde distintas áreas, no únicamente desde la fuerza policial.
«El tema del transporte es un gran reto que tiene el Gobierno de la Republica para ver de qué manera se desmantela una serie de intereses e intrigas de corruptela que hay alrededor de las estructuras de transporte», remarcó el analista.
«El plan de saneamiento probablemente nos lleve años, pero que por lo menos garantice a todos los hondureños que se avanza por buen camino», enfatizó Soriano.
Seguidamente, afirmó que ha visto deslealtad en la competencia dentro del rubro del transporte. «Hay mucho gato encerrado en cuanto a nuevos empresarios del transporte. A pocos días de comenzar operaciones, llegan individuos y disparan contra sus unidades y conductores», denunció.
Exigencias
Entre las exigencias de los transportistas están las reformas al Código Penal y otros delitos conexos como terrorismo, asociación ilícita y lavado de activos.
Asimismo, piden a las autoridades un control de acceso en los centros penales, bloqueo de las comunicaciones y una investigación forense del dinero de extorsión.
También demandan que se reactiven las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y la reactivación, fortalecimiento y reorientación de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano.
Finalmente, sugirieron la creación de una aplicación para que funcione como botón de pánico para generar alertas por parte de los usuarios y pilotos.
