Redacción. Después de que Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), hiciera un llamado a la empresa privada para contribuir con propuestas de solución ante las invasiones de tierras en Honduras, algunos abogados especializados en el tema han explicado que la responsabilidad de abordar estas problemáticas recae en el propio instituto y, de no hacer algo al respecto, esto alejaría más la inversión.
El INA, en colaboración con el Instituto de la Propiedad (IP), ha establecido una comisión para abordar las invasiones, específicamente en el Bajo Aguán. Con el apoyo de los campesinos y empresarios, esta comisión buscará analizar exhaustivamente la situación y encontrar soluciones efectivas.
«Yo le he pedido al sector privado que haga propuestas y no solamente dedicarse a ocupaciones no autorizadas. ¡Busquemos soluciones!», dijo Alegría.
En una entrevista con Diario Tiempo, el abogado constitucionalista, Raúl Pineda, señaló que la autoridad para tomar decisiones en este tema recae en las instituciones del Estado, en este caso en el INA, y no en el sector privado.
«Corresponde al INA tomar una resolución, porque por eso están embestidos de la autoridad que les permite declarar la validez de los títulos, lo correcto de las dimensiones de los inmuebles y la condición de beneficiario de reforma agraria», expresó.
Agregó que pedir a la empresa privada soluciones sería bajo un contexto de «cortesía o conveniencia».
Falta aplicar la ley
Por otro lado, el abogado Juan Carlos Barrientos declaró la importancia de aplicar la ley en los casos de invasiones de tierras. En la actualidad existe el delito de usurpación en el código penal, y cualquier persona que se apropie ilegalmente de un terreno comete una infracción.
Para Barrientos, el INA debería considerar la opción de adquirir las tierras y posteriormente asignarlas a grupos campesinos, siguiendo -sobre todo- la Ley Agraria. Claro, cualquier expropiación debe ser realizada de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, que exige el pago de un precio justo por las tierras.
«No pueden ir a expropiar tierras sin pagarle a sus propietarios, en la Constitución de la República expresamente está prohibida ese tipo de expropiaciones», explicó.
Inseguridad jurídica aleja la inversión
Los abogados han expresado su preocupación por el impacto negativo que está generando las invasiones de tierras en la inversión de Honduras.
«Aquí están frenando la inversión porque están permitiendo que eso suceda y el trámite judicial es largo para después sacar a esas personas. Esa es la tragedia de las invasiones de tierras, y en la zona sur se han agravado de manera increíble, en parte porque las autoridades no toman cartas en el asunto», externó Juan Carlos Barrientos.
Raúl Pineda coincidió que la actitud del INA podría estar alejando las inversiones. La seguridad jurídica -según él- es crucial para atraer inversiones, ya que garantiza la protección de los derechos de propiedad.
«INA no verificara la legalidad de los títulos de propiedad y no preserva los derechos de los propietarios. Eso genera un ambiente de incertidumbre y dolor que indudablemente se manifiesta en delincuencia, desempleo y migración ilegal», concluyó.
