ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS. La residencia en Próspera, «zona de desarrollo» de Roatán, estaría restringida incluso para los propios hondureños, así lo da entender la propia ZEDE en su página oficial de internet.
Y es que, según la información que puede encontrarse en próspera.hn, en el apartado de residentes, dice que los habitantes de la «ciudad modelo» deben ser aprobados por el Proveedor de Servicios Generales (GSP) privado de Próspera.
Derecho de no admitir
Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que el GSP utilizará para admitir o excluir a un hondureño o extranjero? Pues, entre las consideraciones está el espacio disponible del territorio de la ZEDE, la capacidad para gestionar el crecimiento, la reputación y la armonía social de Próspera, los antecedentes penales del solicitante y la capacidad de pagar los impuestos y pagos respectivos.
Sí, para vivir allí, hay que pagarle a Próspera, como si se tratase de una municipalidad más dentro del municipio de Roatán. Los pagos incluyen una tarifa anual de residente de $260 para hondureñas, y $1,300 para extranjeros.
Sumado a lo anterior, en Próspera existe una tarifa anual de licencia de e-Gov, la cual cuesta $130. Se paga para poder acceder a las plataformas de gobernanza digital de Próspera. También hay una póliza de seguro de responsabilidad civil vendida por el GSP con una prima anual de $260 como máximo.
El GSP, bajo la consigna de “reputación y armonía social” podrá excluir a hondureños y extranjeros interesados en vivir en Próspera. De hecho, en 2019, Titus Gebel, exmiembro del Consejo de la ZEDE de North Bay y jefe arquitecto del sistema legal de Próspera, dijo a un medio de comunicación alemán que las “ZEDE se reservarán el derecho de no admitir, por ejemplo, a criminales graves, comunistas e islamistas», según recoge nacla.org.
El contrato
Por otro lado, los residentes de Próspera deberán firmar con el gobierno de la ZEDE algo denominado como “Acuerdo de Coexistencia”, el cual, es legalmente vinculante.
Entre los puntos más importantes del contrato está la sección 1(b), donde se establece que los residentes aceptan «la delegación de soberanía popular como sea necesaria para mantener el poder y a la autoridad que se mantiene en fideicomiso».
De la misma manera, los residentes se comprometen a «cumplir con las disposiciones de la declaración comunitaria de interés común del Plan maestro del Promotor y Organizador de la ZEDE Próspera«. A cambio, a los ciudadanos se les promete «estabilidad legal» en términos individuales y de propiedad.
Ahora bien, el acuerdo, además, parece excluir la posibilidad de asistencia social para los residentes, según analizan Beth Geglia y Andrea Nuila, jurista internacional e investigadora, pues hay un apartado que exhorta a los residentes a ser “responsables de sí mismos”, es decir, a la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras con la ZP, sin depender de cualquier subsidio del gobierno de la ZP.
Incumplimiento y expulsión
Por último, el incumplimiento de este acuerdo puede resultar en la revocación de la residencia. A quienes les sea revocada la residencia, tendrán 180 días para irse de la zona antes de ser desalojados por la fuerza.
Los nuevos residentes también están sujetos a un período de prueba de un año. Durante ese lapso, la ZEDE puede rescindir su residencia sin causa, establece el contrato.
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