HONDURAS. Fiscales de la Unidad Contra Delitos Electorales, dependencia del Ministerio Público (MP), presentaron en las últimas horas cuatro requerimientos en contra de cinco personas que ocuparon el cargo de secretarios de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el reciente proceso electoral.
Según el MP, los sospechosos hicieron “alteraciones realizadas de manera dolosa” que favorecieron a candidatos a diputado de dos partidos políticos. Los fiscales solicitaron al juez competente que se libren las respectivas órdenes de captura.
La imputación penal para las cinco personas es por el delito de falsificación de documentos electorales, tipificado en el artículo 543 del Código Penal. Asimismo, se establece que quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo término que dura la pérdida de la libertad.
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Investigación
La Unidad Especial Contra los Delitos Electorales y elementos de la Dirección Policial de Investigaciones han realizado un efectivo trabajo de equipo en la etapa de investigación preliminar de los hechos denunciados, reza el MP.
Estos últimos requerimientos surgieron a partir de las denuncias presentadas por los señores Fausto Cálix, Marlen Alvarenga y de oficio tras las irregularidades detectadas por el personal administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de la verificación administrativa por conteo público de actas de diputados y procesos de impugnaciones.
El MP se mantiene atento de las decisiones judiciales al respecto de estos cuatro nuevos requerimientos fiscales a la espera de continuar con el impulso procesal de los casos. De igual manera, poder continuar con diligencias de investigación de las denuncias que aún se tramitan administrativamente, agrega el escrito del ente acusador.
Declaraciones
La vocera del MP, Lorena Cálix, manifestó que los fiscales que participaron en este caso se encargaron de realizar una acción penal pública.
«Se han materializado cuatro requerimientos fiscales contra cinco personas en total», dijo Cálix.
Por otra parte, comentó que si los cinco acusados se les llega a encontrar culpables, podrían pasar hasta ocho años tras las rejas.
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