CORTÉS, HONDURAS. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó la tarde de este lunes la detención de dos mujeres en San Pedro Sula, acusadas por delitos electorales.
El subcomisario Cristian Nolasco, dijo a un medio de comunicación que la Fiscalía emitió el requerimiento fiscal contra las dos féminas, al confirmarse que cometieron los delitos de usurpación de la personalidad y usurpación de funciones.
«Se presentó requerimiento fiscal y tras realizar el procedimiento respectivo, las dos mujeres fueron remitidas a la Fiscalía», declaró el agente.
Asimismo, Nolasco señaló que una mujer integrante de una de las Juntas Receptoras de Votos, ilegalmente envió a una sobrina a realizar escaneo de actas. Posteriormente, la descubrieron otros miembros, que realizaron la denuncia.
Las ciudadanas responden a los nombres de Merary Elizabeth Oliviera Hernández y Mariela Alicceth Oliviera Rodríguez. A ellas se les supone responsables de la comisión de otros delitos electorales en perjuicio del orden constitucional.
Lea también: Preso por delitos electorales cantó «votos inexistentes», dice MP
A cárcel hombre por delitos electores
Por otro lado, hoy, el Ministerio Público obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de un miembro de un partido político. El imputado participó como integrante de una Junta Especial de Verificación en el pasado proceso electoral del 28 de noviembre. A él se le acusó la semana anterior por el delito de falsificación de documentos electorales.
Se trata de Norman Dionisio Rivas Sierra, quien se desempeñó como escrutador; además en el mismo caso, se acusó a una secretaria de una Junta Especial de Verificación y a un secretario de una Junta de Receptora de Votos (JRV). Estos dos últimos pertenecen al Partido Nacional.
Estas personas faltando a la verdad consignaron un dato diferente al real expresado por el pueblo hondureño en las urnas. Con ello alteraron un documento electoral, indicaron autoridades.
De acuerdo a las investigaciones, estas personas adulteraron las actas para favorecer a ciertos diputados. Ellos realizaron estas anomalías en un centro de votación y luego en la verificación en el Centro Logístico Electoral del CNE.
Según lo que establece el Código Penal vigente, “quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo tiempo que dura la privación de libertad”. Estas penas van de los tres a los nueve años de cárcel.
Nota para nuestros lectores:
Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j
