Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogado de Honduras (CAH), Rafael Canales, presentó su renuncia a la postulación a magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según información que trascendió este día.
Un documento difundido sería la renuncia del profesional del Derecho. En este se señala que Canales desistió en la búsqueda del cargo frente al TSC por asuntos «personales».
«Hago formal desistimiento y retiro inmediato a la postulación a mi candidatura como Magistrado al Tribunal Superior de Cuentas, por razones estrictamente personales en virtud de iniciar mi proceso de postulación política, por tal motivo solicito la revolución de mi expediente completo presentado el día 6 de diciembre del Presente año, en la Secretaría de dicho Poder del Estado», señala el escrito.
Te puede interesar: 48 abogados se postularon a magistrados del TSC
Algunas postulaciones
De 47 abogados que entraron en el proceso, sólo 21 no presentaron inconsistencias en su documentación y continúan en la elección de magistrados.
Entre los postulantes se destacan: Renan Inestroza y Marco Velásquez del Partido Nacional (PN). Al igual que, Dulce Villanueva Rodas del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Marco Tulio Lara del Partido Liberal.
Estancada elección de magistrados del TSC
La elección de los nuevos magistrados del TSC que ocuparán el cargo en el periodo 2023 – 2030, en el periodo constitucional estaba programada para el pasado 7 de diciembre del presente año. En esa fecha vacaron sus funciones las antiguas autoridades.
No obstante, la selección de nuevas autoridades continúa estancada debido a la reiterada falta de consensos entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional.
Lee también: Convocan de emergencia a la Comisión Especial para analizar candidatos al TSC
La oposición política ha denunciado en reiteradas ocasiones que la Comisión Permanente pretende nombrar a los magistrados mediante interinatos, replicando la situación del Ministerio Público.
Además, está estancada la elección de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.
