Queda claro que el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ha sido postergado, no se sabe para cuándo, ya que no ha logrado el pase del congreso de Estados Unidos de América (EUA), es decir el financiamiento prometido del “billón de Obama”.
El secretario general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, dice haber sido informado de que “todavía no hay acuerdo en el congreso de Estados Unidos con respecto al presupuesto”, y, por lo mismo, “estamos pendientes de las deliberaciones…”
En buena lógica, eso significa que, al final del día, hay demasiada dificultad para quitar las trancas a este financiamiento, pues, desde hace bastante rato, la Cámara de Representantes solamente admite la dádiva de 325 millones de dólares y el Senado se alarga a los 675 millones.
En cualquier caso, es evidente que la voluntad legislativa anda lejos de la voluntad de la Casa Blanca, y puestas así las cosas, el PAP no tiene pista para avanzar, no obstante que el “billón” (1,000 millones) de dólares es apenas el 10% del costo total del Plan, 10,000 millones, cuyo sería prorrateado entre los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
Este proyecto para la prosperidad del Triángulo Norte de América Central, liderado por el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, es, en realidad, otra de las iniciativas escritas sobre hielo, en parte de propaganda y en parte de disfraz en el marco de la política de seguridad aplicada –y fallida— en esta región a lo largo de casi dos décadas.
Las incidencias políticas traumáticas en estos países, principalmente en Guatemala y Honduras, han tenido un efecto demoledor para esa política, sustentada en la militarización y la detestable Doctrina de la Seguridad Nacional, con preterición de la asistencia social, por parte del Estado, o sea la salud, la educación, la vivienda popular y el nivel de vida de las mayorías, cada vez más empobrecidas.
Aparentemente, una de las precondiciones para la asistencia económica internacional –multilateral y bilateral—es el combate a la corrupción, para lo cual se implementó en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y en Honduras, a contrapelo de una demanda similar de la sociedad, nucleada en un Movimiento Nacional de Indignación, se intenta mediatizar con el proyecto gubernamental de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), mediante el acomodaticio paraguas de la OEA.
Así las cosas, el Plan Alianza para la Prosperidad, como vaticinamos desde el momento de su anuncio oficial, va hacia a la bodega de los trastos inservibles, y la otra iniciativa, de la MACCIH, sigue un camino parecido, toda vez que no podrá superar la demanda de la Asociación por la Paz y la Justicia –en sintonía el sentimiento de Indignación Nacional—de hacer justicia con independencia del régimen totalitario imperante.
