Comayagua. Este día se presentó un requerimiento fiscal en contra del director regional del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Carlos Manuel Meza Castillo, por el supuesto delito de Abuso de autoridad.
Dicho requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de Comayagua.
En ese sentido, a Carlos Manuel Meza Castillo se le supone responsable del delito de:
Abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
La acusación se interpuso luego de un operativo de protección forestal realizado el 7 de febrero pasado.
Dicha operación se realizó en aldea “La Botijas”, Villa de San Antonio.
En ese operativo se encontraron varios camiones transportando producto forestal sin la guía de movilización.
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Según las autoridades, los camiones solamente mostraron una resolución firmada por el director regional del ICF.
En esta resolución, firmada por Carlos Manuel Meza, se les autorizaba a los camiones circular sin factura del punto de aprovechamiento al centro de acopio. Lo anterior, está enmarcado en la Ley.
Investigación
Por su parte, el personal del Ministerio Público efectuó el decomiso de varias copias de esa resolución.
De tal manera, se abrió un expediente investigativo, que logró reunir elementos probatorios para sustentar el caso.
En ese sentido, este miércoles el 21 de marzo Carlos Manuel Meza se presentó voluntariamente; por lo que se desarrolló la Audiencia de declaración de imputado.
Asimismo, el juez le impuso medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica.
De igual forma, se le programó la audiencia inicial para el miércoles 4 de abril a las 10:30 am.
Por su parte, la fiscalía presentará los medios probatorios para solicitar el auto de formal procesamiento.
Importante
De acuerdo con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en su artículo 103:
Para el transporte de producto o sub producto forestal dentro del territorio nacional «se requiere de una guía de movilización o factura original codificada. Misma que contenga la vigencia de aprobación del plan operativo; firmada y con sellos de seguridad entregada mediante inventario por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)”.
En consecuencia, al no extender la facturación y emitir una resolución regional que permite evadir el principio legal, el Ministerio Público señala que se cometió el delito de Abuso de autoridad.
Lo anterior, por permitir algo para lo cual no se está facultado y que se opone a lo establecido en la Ley.
