TEGUCIGALPA-HONDURAS. Deducirán responsabilidades administrativas y penales a los empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han cometido actos irregulares y de corrupción en ese poder del Estado. Así lo confirmó en las últimas horas el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, a través de medios locales.
En ese sentido, Argueta manifestó que no han dado mucha publicidad de las decisiones que toman referente al régimen disciplinario. Sin embargo, presentarán un informe en el mes de octubre. Lo anterior, relacionado con los avances obtenidos en esa materia.
De ese modo, aseguró que a través de Inspectoría General, órgano judicial de la Dirección de la Carrera Judicial que depende de la presidencia y que funciona como primera instancia y del Consejo de la Carrera Judicial como segunda instancia, en cuanto que se han sustanciado cientos de expedientes. Lo anterior, en la investigación por denuncias de presuntas irregularidades administrativas, penales o disciplinarias.
“Cuando son penales se remiten al Ministerio Público (MP). Hemos impuesto ya y han quedado firmes sanciones que tienen que ver con muchos despidos, incluso de funcionarios judiciales. Hay sanciones que tienen que ver con la suspensión del ejercicio del cargo o con llamados por escritos. Además de verbales y con otra serie de castigos que se aplican y que están regulados en la ley”, indicó Argueta.
ELEMENTOS DEL PODER JUDICIAL EN LA MIRA
Igualmente, el funcionario aseguró que respetarán el derecho a la defensa de los señalados. Eso, para que puedan desvirtuar las acusaciones hechas en su contra.
“Nunca se puede interponer una sanción si no es a través de un procedimiento previo con escuchar a las personas denunciadas. Asimismo, con permitirles que aporten por parte de ellas las pruebas pertinentes y con que se haga una investigación responsable”, concluyó.
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Honduras: Jueces denuncian presiones del Ministerio Público
Los 17 jueces del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula consideran presiones del Ministerio Público. Esto, luego que recusaran a tres de ellos para que no conocieran el juicio oral y público de la exjuez Wendy Vanessa Caballero Reyes.
El grupo de abogados de las cinco salas de sentencia se unieron en los pasillos del Poder Judicial. Asimismo, leyeron un pronunciamiento donde piden a sus autoridades que exijan una explicación al Ministerio Público sobre ese hecho.
La acción de los jueces de sentencia fue motivada porque el 4 de septiembre la coordinadora de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción.
