Redacción.- La viceministra de Seguridad y encargada de intervenir el sistema penitenciario en Honduras, Julissa Villanueva, presentó ayer martes el plan de intervención de Solución Contra el Crimen (SCC), que de inmediato despertó diversas opiniones entre los expertos, quienes, a pesar de considerarlo un «buen plan», creen que deberá vencer varios retos.
Durante la presentación, Villanueva expuso 10 puntos de solución a la problemática del sistema carcelario. Mediante estos se planea desmontar las estructuras criminales dentro de las cárceles, realizar desarmes y registros, traslados, implementar nuevas tecnologías en los sistemas de seguridad, depuración de personal, entre otros.
Para concebir este plan, la viceministra señaló que primeramente realizaron un análisis de la problemática. Además, indicó que este se comenzará a ejecutar de forma inmediata en los centros penales de La Tolva, El Pozo, Támara y El Porvenir.
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Diez (10) Puntos Preliminares importantes de esta intervención penitenciaria encaminados en la Recuperación de la Gobernanza y Gestión Penitenciaria expuesta por la señora Subsecretaria de Seguridad la Doctora Julissa Villanueva.#ConSeguridadAvanzamos pic.twitter.com/8iW9FKYZcn— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) April 18, 2023
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Puntos de emergencia
Sobre el nuevo plan de las autoridades para resolver la crisis carcelaria, el criminólogo Wilfredo Rubio explicó a Diario Tiempo que antes de aplicar las diez nuevas estrategias, primero se deben ocupar de solventar otros puntos de emergencia.
Entre las acciones inmediatas que se deben tomar, Rubio recomendó la intervención directa de los centros penales mediante una saturación, desarme general y estabilización del orden. Asimismo, comentó que primero se deben vencer retos como identificar los puntos de violencia para luego poder dedicarse a frenar el brote de agresiones.
En cuanto al bloqueo de la señal telefónica plasmado en el plan, Rubio calificó este punto como «excelente». Actualmente, esta señal existe únicamente para servir en la carretera cercana a los centros penales, pero termina sirviendo a los reclusos. «Debe hacerse un trabajo de ingeniería completo», agregó.
Con respecto a la depuración de personal penitenciario y sus policías, comentó que a esta estrategia se le debe agregar la «supervisión externa permanente».
«Lo más importante aquí es que el personal tendrían que tener una especie de supervisión externa, estar intervenidos 24/7. Es decir, que debe haber un tercer vigilante para que tanto los que cuidan como los que están presos sepan que están siendo vigilados», explicó.
Asimismo, manifestó que las nuevas tecnologías que se planean implementar en el sistema de seguridad deben incluir micrófonos en los diferentes puntos de las cárceles. Esto tendría como fin evitar reyertas en el interior.
El criminólogo resaltó la importancia de varios puntos presentados en el plan, pero hizo hincapié en el traslado y reubicación de reos, pues considera que esto propiciaría una desconexión entre las autoridades del centro y los privados de libertad.
Plan funcionará con las personas correctas
Asimismo, apoyó la idea de revisar los expedientes administrativos, aumentar el número de agentes penitenciarios y crear el banco de datos de privados de libertad.
«Recordemos que no estamos inventando, son medidas que se implementan en otros centros de máxima seguridad y fácilmente se reconocen, se copian de otros modelos. Lo importante es la parte humana y si encontramos al personal correcto y honrado esas medidas van a funcionar muy bien«, expresó.
Agregó que sólo queda esperar los resultados, ya que para hacer juicios de valor es necesario conocer el análisis realizado por la dra. Julissa Villanueva, el cual no fue expuesto durante la presentación del plan de intervención.
Finalmente, detalló que para lograr ver resultados positivos y efectivos, lo primero será manejar y controlar la corrupción en los centros penitenciarios.
«No existen planes perfectos»
Por otra parte, el experto en temas de seguridad, Edgardo Mejía, resaltó la importancia de aceptar la crisis penitenciaria en el país tras conocer el nuevo plan de intervención.
En tal sentido, Mejía expresó a Diario Tiempo su opinión respecto a las estrategias con la que se busca mejorar el sistema carcelario. El experto apoya varios puntos del plan, entre ellos el traslado de reos.
«No existen planes perfectos, pero sí intensiones perfectas. El hecho de que usted traslade privados de libertad a un centro a otro va evitando la familiaridad entre las autoridades penitenciarios y los reos, para que no lleguen a desarrollarse reciprocidades y empatías entre ambas partes», comentó.
Durante la presentación del plan, la viceministra Villanueva aseguró que lo primero que deben hacer en este proceso es recuperar la gobernanza y control de los centros penales a nivel nacional, ya que existe un mando parcial de las maras y pandillas en el sistema penitenciario.
No obstante, Mejía señala que desmontar las estructuras criminales en las cárceles del país «es un reto en el ámbito del capital humano, operacional, logístico y presupuestario».
«Si quieren que resulte deben estar conscientes que es un gran reto en el ámbito presupuestario. Si todo estos pilares se juntan y se ponen a trabajar va a mejorar el ambiente, la administración y seguridad penitenciaria», agregó.
De igual manera, recordó que no se deben olvidar los «tres grandes pilares de seguridad penitenciara«, los cuales priorizan la seguridad de los presos, del personal de los centros penitenciarios y de los visitantes.
Nuevos convenios de capacitación
Por su parte, para lograr mejores resultados, el experto recomienda potenciar los convenios de cooperación nacional e internacional.
De esta forma, Mejía esperaría que los privados de libertad se conviertan en referentes sociales del trabajo. Es decir, fabricantes de calzado, pupitres para escuelas.
También podría emplearse a los reos en algunos de trabajos en construcción. «Todo eso sería tan fácil si la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción firmara un convenio de capacitación con el Instituto Nacional Penitenciario (INP)», dijo.
Detalló que con un acuerdo de esta índole, los privados de libertad no sólo contribuirían a la sociedad hondureña con su trabajo, sino que al momento de obtener su libertad no existirían «excusas» de que no tuvieron la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
