TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Comisión Permanente del Congreso Nacional afirmó que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) son ilegales, a pesar de la falta de ratificación constitucional de la derogación de esta ley.
El Poder Legislativo indicó que las personas que promuevan, apoyen o ejecuten estos proyectos «tarde o temprano serán perseguidos por la justicia».
El Congreso Nacional aprobó de manera unánime el decreto 32-2022, que contenía la derogatoria constitucional que suprimía la creación de las ZEDE. De igual manera, derogaron el decreto 33-2022.
Esta derogatoria se llevó a cabo el 21 de abril de 2022. Así mismo, abarcó la derogación de la ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, actos, contratos, concesiones relacionadas con las ZEDE.
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Ratificación
Sin embargo, para que estas derogatorias entraran en vigencia, según lo establecido en el artículo 216 de la Constitución de la República, los diputados debían de ratificar la acción con 86 votos a favor, lo cual no sucedió.
No obstante, la Comisión Permanente reafirmó su posición advirtiendo que «todos aquellos que promuevan, apoyen y/o ejecuten la violación de los artículos pétreos de nuestra Constitución a través de las ZEDE estarán enfrentando delitos imprescriptibles y tarde o temprano serán perseguidos por la justicia».
Empresa privada
El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, señaló que algunos miembros de la Comisión Permanente «necesitan clases de Derecho Constitucional».
«Para que una reforma o derogación constitucional cobre validez se requiere la ratificación constitucional. Sí, las ZEDE lesionan la soberanía. Pero, su derogación debe hacerse conforme a ley», indicó.
Ante el cambio de gestión gubernamental, con la salida del Partido Nacional, se les ha amenazado con expulsarlas del país.
Una de las ZEDE, Honduras Próspera, abrió un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En el proceso, reclama una compensación cercana a los 11 mil millones de dólares.
