TEGUCIGALPA, HONDURAS. La comunicadora social Digna Aguilar dejó el país en las últimas horas como parte de medidas precautorias tras conocer que estaba en riesgo su vida y la de sus hijos.
La periodista de Diario El Heraldo se encuentra en otro país junto a sus dos hijos tras diligencias de las Secretarías de Defensa y de Derechos Humanos, afirmó Proceso Digital.
De acuerdo a información extra-oficial, Digna Aguilar habría sido objeto de seguimientos y amenazas por personas desconocidas, por lo que la comunicadora decidió abandonar Honduras.
De momento la periodista no está amparada bajo un asilo, pero se están haciendo los trámites correspondientes para tal objetivo, se conoció.
La partida de Digna Aguilar estaría relacionada con los informes publicados por el diario impreso para el que labora, aunque se conoce que existen cuerpos de redacción integrados por varios periodistas que elaboran estos reportajes de delicada información.
En Honduras hay una ley de protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que fue aprobada el 15 de mayo del años pasado (2015) y publicada en el diario oficial La Gaceta, donde se establece que tendrá un presupuesto de 10 millones de lempiras.
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En torno a la ley, la viceministra de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Karla Cueva, apuntó que a la fecha se han acogido al mecanismo 28 casos que involucran a todos los colectivos, de los cuales entre siete y ocho son casos de periodistas y comunicadores sociales.
ANTECEDENTE
El informe sobre el crimen del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles (JAG), pareció retomar la ruta legal que debió seguir cuando fue elaborado hace más de 5 años y “engavetado” supuestamente en los escritorios de la Policía de Honduras ante la mirada desentendida y temerosa de las autoridades respectivas de aquel entonces.
El voluminoso expediente donde se resumen todas las investigaciones que hizo la policía sobre el bien planificado atentado contra el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, Julián Arístides González Irías, en 2009.
El expediente “JAG” permaneció “engavetado” supuestamente en los escritorios de la Policía Nacional y no fue hasta el lunes 4 de marzo de 2016 que trascendió su existencia tras ser publicado por diarios impresos del país.
“Se ha instruido al director de la Policía Nacional poner a disposición del Ministerio Público todos aquellos indicios que se encuentren en los archivos para que sean valorados y sirvan para el esclarecimiento de este hecho criminal”, indicó en ese entonces Julián Pacheco.
Seguidamente, Pacheco Tinoco matizó su declaración: “No se protegerá a ningún funcionario de la institución policial que aparezca en este crimen y en otros casos a futuro”.
Posteriormente la Policía Militar intervino la sede de la policía en Casamata, donde supuestamente incautaron documentos que ayudarán a esclarecer el crimen de Julián Arístides Gonzáles , aunque este operativo fue catalogado como show por la expolicía María Luisa Borjas, una permanente critica del estatus policial de Honduras.
Otro allanamiento que hizo la policía fue el ejecutado en las instalaciones de la Inspectoría de la Secretaría de Seguridad, en el sector del Ocotal, salida a Mateo en la capital. En ese operativo, igual que en Casamata, participaron personal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC).
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