ESTADOS UNIDOS. Laura, una niña hondureña de 8 años, grabó un vídeo de 12 segundos para pedirle al presidente Barack Obama que no la deporten.
La pequeña entró al país el 4 de septiembre del año pasado junto a su madre, y ambas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza en un punto entre Texas y México.“Señor Presidente, yo tengo una orden de deportación, yo no puedo ir a Honduras, yo quiero estudiar aquí, quiero aprender inglés y quiero ser una doctora”, dice la pequeña.
La niña tiene orden de deportación con fecha del 28 de septiembre, “y a mí me dijeron que para el 1 de octubre”, precisa la madre de Laura al teléfono. “Pero no podemos irnos porque estamos amenazadas. Allá nos van a matar”.
Privadas de libertad
Tras ser detenidas en la frontera cuando intentaban entrar indocumentadas a Estados Unidos, ambas mujeres fueron enviadas al centro de detención de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dilley, al sur de San Antonio, Texas.
“Ahí estuvimos casi un mes hasta que nos dejaron libres, a mí con un grillete”, cuenta la madre. “Eso sí, con orden de presentarme ante las autoridades a cada poco y ellos nos visitan un día a la semana”.
La Patrulla Fronteriza no deportó a Laura tras ser detenida porque una ley de 2008 lo prohíbe. Conocida como Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, por su sigla en inglés), no permite que menores inmigrantes sean expulsados de inmediato, como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos. Deben ser entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser procesados y que un juez de inmigración decida su futuro en Estados Unidos.
La decisión judicial se produjo tras una demanda presentada en el 2014 en representación niños inmigrantes indocumentados que huyen de sus países y buscan asilo en Estados Unidos.
En el caso de Laura y su madre también se utilizó la “discrecionalidad” siguiendo las prioridades de deportación del memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 20 de noviembre de 2014, dijo a Univision Noticias una fuente.
La espera
“Casi al mes de estar en Dilley nos liberaron”, recuerda la madre de Laura. “Fue a comienzos de octubre del 2015. Me dijeron que tenía que presentarme en cinco días a la oficina de ICE y así lo hice, en Burlington. Pasó el tiempo hasta que en agosto un oficial me dijo que mi hija y yo teníamos orden de deportación”.
La inmigrante guarda silencio. Cuando recupera la voz, dice: “Nosotras salimos (de Honduras) por violencia doméstica. Teníamos mucho maltrato mis hijos y yo. Ponía denuncias y la policía allá no protege a nadie.
Dije que no puedo más y vengo acá y pido ayuda, pero ahora voy a ser deportada. Cuántas veces me ha dicho (el hombre que la amenazó) que me va a matar con todos mis hijos. Les pido que no me vayan a deportar”.
El día que le dijeron que iban a ser deportadas, “uno de ellos (un agente de ICE) me dio el nombre de la organización Centro Presente, y un número de teléfono”, contó. “Me dijo que los llamara y que buscara ayuda”.
El contacto
Apenas salió del centro de detención familiar de Dilley, la madre de Laura contactó al Centro Presente, ubicado en el área metropolitana de Boston. “Conocimos su historia y armamos una campaña para detener la deportación de la niña”, dice Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización.
“Con este caso queremos visibilizar la crisis de inmigrantes centroamericanos que siguen llegando por miles a la frontera en busca de asilo”, agregó. “Laura y su madre son víctimas de violencia doméstica. La niña tiene miedo de regresar porque el atacante, la persona que las amenazó de muerte, sigue estando en el mismo sitio. ¿Por qué entonces la van a deportar?”, pregunta.
La activista indica además que casos como éste “se repiten a diario” y afectan a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, los tres países que conforman el Triángulo Norte, del que proviene más de 70% de la oleada de inmigrantes del 2014.
“Consultamos con un abogado para explorar vías legales y evitar que sean deportadas”, dijo Montes. “Esta gente está apresada en un sistema de inmigración roto. Las órdenes de deportación emitidas amenazan los sueños de una vida más segura aquí en Estados Unidos”.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no comenta sobre casos específicos, “por privacidad”, dijo Joanne Ferreira, vocero de la agencia. La USCIS tampoco.
En su página de internet ICE, la agencia federal encargada de las deportaciones, recuerda las prioridades de deportación, encabezada por aquellos que tienen antecedentes criminales y quienes entraron indocumentados al país después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.
«Rechazamos esta priorización”, dice Montes. “Esta niña no es una amenaza para nuestra comunidad, y su madre no debe ser tratada como una criminal por intentar salvar la vida de su hija. Creemos que quienes se ven obligados a migrar debido a la violencia, deben ser tratados como refugiados porque son refugiados”.
Montes dijo además que “el caso de Laura y su madre es sólo uno entre miles de familias centroamericanas que huyen de la violencia, la corrupción rampante, la impunidad, la pobreza estructural y la desintegración social de países como Honduras, El Salvador y Guatemala”.
Futuro incierto
Las posibilidades de revertir las órdenes de deportación son inciertas. La madre de Laura fue arrestada y deportada en julio del 2014, año que estalló la crisis en la frontera. “Había entrado por lo mismo (las amenazas de muerte y abusos en Honduras) pero me deportaron ahí nomás, en Brownsville, Texas. Estuve detenida como tres días”, cuenta.
Un año y dos meses después regresó, esta vez con su hija Laura y corrió igual suerte. Tras ser arrestada, la Patrulla Fronteriza descubrió que ya había sido deportada en una oportunidad. Pero no hay detalles para conocer cómo fue expulsada en el 2014, qué documentos firmó y cómo se ejecutó la orden.
“Las respuestas variarán dependiendo de qué pasó en la frontera”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Si la persona fue deportada a Honduras, después regresó y fue arrestada de nuevo, indocumentada, estaría sujeta a una deportación inmediata. Pero no lo hicieron. ¿Le dieron la primera vez salida voluntaria?”, se pregunta el defensor.
“Vamos a imaginarnos el peor escenario”, agrega Barrón. “Que fue deportada, regresó y está sujeta de nuevo a deportación. Si ahora puede demostrar, tal vez, que tiene terror de regresar y se hace un argumento creíble, podría tal vez, no necesariamente, pelear asilo u otro beneficio que les permita permanecer en Estados Unidos”.
“Si fue deportada y regresó, en ciertos casos le pueden dar un citatorio de nuevo para ir a la corte. Quienes no tienen derecho de ir al tribunal son los que tienen una orden de deportación vigente. Pero como en este caso la persona ya fue deportada y volvió a entrar, entonces estaría peleando un nuevo caso. Pero bueno, es algo complicado. Hay que conocer su caso a fondo para elaborar un plan”, dijo Barrón.
La oleada de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México no se detiene. Marcó un nuevo récord en agosto con la detención de 5,804 menores no acompañados, según el último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y que fue reportado por Univision Noticias.
En los primeros 11 meses del año fiscal 2016 han sido detenidos 54,052 menores no acompañados, una cifra 52% mayor a la de 2015. El número familias detenidas escaló a 68,080 frente a las 34,565 del año pasado, un incremento del 96.9%.
