TEGUCIGALPA. El director de Casa Alianza en Honduras, José Guadalupe Ruelas, denunció que la política permitió que el crimen organizado ingresara al Sistema Policial de Honduras.
En ese sentido, expresó que “la policía no corrompió a los políticos del país fue la clase política que permitió que el crimen organizado penetrará a la policía, produciendo una serie de actos corruptos”.
Ruelas, arguyó que la depuración policial es una necesidad en Honduras, sin embargo no solo basta con quitarles la placa y el arma de fuego a los agentes suspendidos por vincularlos a actos ilícitos.
Destacó que “los policías separados de sus cargos están debidamente entrenados, tiene conocimiento tecnológico, como se va a garantizar que en las calles no continúen delinquiendo”.
De igual forma urgió la necesidad de iniciar una depuración en las Fuerzas Armadas del país, al tiempo que instó a buscar mecanismo de control a la par de la depuración para garantizar un resultado efectivo.
INVESTIGARÁN A 562 POLICÍAS
Recientemente, la fiscalía de Honduras nombró un equipo de fiscales para investigar a 562 policías, entre oficiales y miembros de tropa, implicados por una comisión de depuración en delitos de crimen organizado.
La fiscalía indicó en un comunicado que la Comisión Especial para la Depuración y Tansformación de la Policía entregó al Ministerio Público “66 expedientes con denuncias dirigidas contra 562 miembros de la policía” y es de “suma relevancia para los intereses generales de la sociedad dar respuesta” a esa solicitud.
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El organismo añadió que ha creado la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, para “velar porque se realicen en forma exclusiva las investigaciones conducentes a establecer la veracidad de los hechos denunciados”.
La Comisión de Depuración, que empezó a funcionar el 12 de abril pasado, anunció el martes durante la presentación de un informe de trabajo que 628 efectivos han sido separados, tras evaluar a un total de 1.515 oficiales y policías.
La Comisión fue integrada por el presidente Juan Orlando Hernández luego de que el Congreso decretara una “emergencia en seguridad” al descubrirse la participación de oficiales en crímenes de gran impacto, lo que era un secreto a voces en Honduras.
