Redacción. El reconocido predicador cristiano Jimmy Swaggart falleció este martes a los 90 años tras sufrir un ataque al corazón en un hospital de Baton Rouge, Luisiana, según informó su equipo en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.
“El hermano Swaggart ha terminado su vida terrenal y ha entrado en la presencia de su Salvador, Jesucristo”, se lee en la publicación.
Swaggart alcanzó notoriedad internacional en la década de 1980 como líder de una influyente iglesia pentecostal, bajo el paraguas de las Asambleas de Dios, con sede en Luisiana.
Swaggart fue conocido por sus ideologías ultraconservadoras contra otras religiones cristianas.
Sus sermones televisados, caracterizados por su retórica fervorosa y música gospel en vivo, eran vistos por millones y generaban donaciones millonarias.
Además de su vida religiosa, Swaggart fue primo hermano de figuras musicales como Jerry Lee Lewis, leyenda del rock and roll, y Mickey Gilley, reconocido cantante de country.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la noticia a través de su red Truth Social. “Un increíble hombre de fe. Inspiró a millones con su gran amor por Dios y la patria… ¡Echaremos mucho de menos a Jimmy!”, escribió.
A pesar de su popularidad, Swaggart protagonizó uno de los mayores escándalos religiosos de su tiempo. En 1987, fue fotografiado con una prostituta en un motel de Nueva Orleans, lo que marcó el inicio de su caída pública.
El desprestigio público de Swaggart derivó de escándalos que lo relacionaron con prostituas.
Al año siguiente, apareció llorando en una confesión televisada. “He pecado contra ti, mi Señor. Te ruego que me perdones”, dijo sin dar más detalles. La confesión no evitó su expulsión de la iglesiaque ayudó a construir.
Aunque continuó predicando en las décadas siguientes, su alcance e influencia jamás volvieron a ser los mismos.
Redacción. Rafael Barahona, titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), respondió este martes a la amenaza de paro por parte de los transportistas a raíz del atraso en el pagodel bono compensatorio o subsidio gubernamental.
El funcionario aseguró que el gobierno ha cumplido con el sector y que no existen motivos válidos para protestar.
“Ellos no tienen justificación para quejarse. En estos primeros tres o cuatro meses les hemos pagado casi ocho o nueve meses de subsidios. Este gobierno les ha dado más de mil millones de lempiras, mucho más que lo que les dio el Partido Nacional”, expresó Barahona.
Transportistas exigen pago atrasado del bono compensatorio frente a posible paralización del servicio.
El funcionario informó que ya se iniciaron los trámites para pagar el bono compensatorio atrasado y que se están buscando los recursos necesarios para incluir el desembolso en el presupuesto del IHTT. “La semana pasada se comunicó, y anoche también, que ya hay instrucciones para integrar esos fondos y proceder con el pago”, agregó.
Barahona admitió que pagar el bono mes a mes es complicado, pero afirmó que se hace el esfuerzo para cumplir. “Todo tiene su trámite en el gobierno, pero ya estamos avanzando”, insistió.
Pese a esas declaraciones, la dirigencia del transporte a nivel nacional anunció paro de servicios para la próxima semana, tras una asamblea donde denunciaron incumplimientos por parte del gobierno.
El dirigente del transporte en el norte, Nelson Fernández, señaló que el sector lleva cuatro meses sin recibir el bono compensatorio, en un contexto de creciente crisis económica e inseguridad.
“Esperamos que el gobierno nos convoque pronto, de lo contrario vamos a paro. Es una decisión de la asamblea”, advirtió.
Nelson Fernández, dirigente del transporte.
Fernández explicó que el deslizamiento de la moneda, el aumento del combustible y la extorsión siguen golpeando al rubro. “Estamos de rodillas, la situación ya no da para más”, expresó.
Además, aseguró que el gobierno les ha comunicado que el bono adeudado no será pagado hasta diciembre, lo que calificó como insostenible. También exigieron una revisión de las tarifas y acciones más firmes contra el crimen organizado, que mantiene bajo amenaza a muchos operadores.
La dirigencia anunció que, de no haber diálogo en los próximos días, las protestas incluirán plantones y paralización del transporte urbano e interurbano en distintas regiones del país.
Redacción. En una exhaustiva investigación y la aplicación de avanzadas técnicas de recolección de pruebas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró la captura de un individuo presuntamente vinculado al caso de corrupción denominado “Helios”.
Se estima que, en este caso, se desviaron más de 143 millones de lempiras de las finanzas de la Casa Presidencial durante los años 2016 y 2017, en la administración del exmandatario Juan Orlando Hernández. La investigación busca determinar con mayor precisión el alcance de la corrupción y a los responsables involucrados.
Especialistas del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), junto con la Unidad Metropolitana de Prevención #03, ejecutaron la operación en la colonia Flor del Campo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.
Las autoridades aprehendieron a un hombre de 29 años, presuntamente comerciante y originario de Tegucigalpa, bajo una orden judicial emitida por el Despacho del Juez Natural de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 28 de noviembre de 2024.
Los agentes policiales capturaron al sujeto en una colonia de la capital hondureña.
El caso “Helios” involucra a un exfuncionario de la Casa Presidencial, empleados del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares, quienes presuntamente diseñaron un elaborado esquema fraudulento para sustraer fondos públicos.
Según las investigaciones, las autoridades acusaron a 15 personas, entre ellas el exfuncionario de Casa Presidencial, José Octavio Godoy Urbina, así como a otras figuras clave. Como resultado, se han efectuado varias detenciones, y los implicados enfrentan cargos por delitos que incluyen fraude y lavado de activos.
José Octavio Urbina, aprovechando su influencia como funcionario cercano al exmandatario Hernández, habría reclutado personal de confianza que trabajaba en Casa Presidencial, el Instituto de Propiedad (IP) y particulares, con el fin de crear empresas de maletín vinculadas al sector de la publicidad y las comunicaciones.
Los imputados utilizaron sociedades ficticias para desviar ilícitamente recursos, emitiendo 144 cheques a nombre de dichas sociedades. Luego, depositaron esos cheques en cuentas bancarias bajo su control.
Después, los sospechosos emitieron cheques a su nombre y los cambiaron por efectivo. Además, distribuyeron parte del dinero mediante depósitos fraccionados en cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas, sin justificación aparente. Esto indica una clara intención de blanquear activos provenientes de actividades ilícitas.
Las autoridades informaron al detenido sobre sus derechos y los cargos que enfrenta. Estos incluyen asociación ilícita para delinquir, fraude y lavado de activos. Estos delitos afectan la seguridad interior del Estado, la administración pública y la economía nacional. Posteriormente, trasladaron al detenido ante el órgano judicial competente para continuar con el debido proceso legal.
Según las investigaciones, el caso de corrupción logró el desvió de 143 millones de lempiras.
Redacción. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, anunció este martes el retiro de los cargos de narcotráfico contra Ovidio Guzmán, conocido como «El Ratón» y uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Esta decisión se produjo tras un acuerdo mediante el cual Guzmán se declaró culpable, evitando así un juicio, según consta en documentos judiciales.
Ovidio Guzmán, uno de los cuatro hermanos conocidos como “Los Chapitos”, considerados líderes de una facción del cártel de Sinaloa, firmó el pasado 30 de junio un documento formalizando su voluntad de aceptar la culpabilidad.
En consecuencia, la fiscalía retiró los cargos que incluían conspiración para empresa criminal continuada, narcotráfico, lavado de dinero, uso ilegal de armas y distribución de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo.
El caso fue transferido al tribunal de Chicago, donde el próximo 9 de julio está prevista una audiencia ante la jueza Sharon Johnson Coleman para oficializar la declaración de culpabilidad de Guzmán y proceder con la imposición de la sentencia, cuya fecha aún no ha sido determinada.
Las autoridades estadounidenses acusaron al hijo de «El Chapo» Guzmán de narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio y a sus hermanos Archivaldo Iván, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López de liderar “Los Chapitos”, organización designada por la administración de Donald Trump como grupo terrorista global.
Según el gobierno de Estados Unidos, esta facción ha sido responsable de la importación masiva de fentanilo hacia territorio estadounidense, droga que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
Antecedente
En octubre de 2019, las autoridades detuvieron inicialmente a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación para evitar una escalada de violencia que provocó un operativo fallido y represalias violentas del cártel. En septiembre de 2023, las autoridades recapturaron a Guzmán y lo extraditaron a Estados Unidos.
Como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses, 17 familiares de Ovidio recibieron permiso para ingresar al país en mayo pasado. Además, su hermano Joaquín fue trasladado a Chicago tras su detención en julio de 2024. Ese mismo mes, arribó a Estados Unidos junto con Ismael “Mayo” Zambada, otro cofundador del cártel, lo que marcó un giro significativo en el caso.
Zambada, de 77 años, afirmó que Joaquín Guzmán lo emboscó y engañó para llevarlo contra su voluntad a Estados Unidos, ofreciéndole supuestas concesiones para Ovidio y su hermano a cambio. Actualmente, Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Política
El gobierno de Trump intensificó su política contra el narcotráfico, imponiendo sanciones adicionales a “Los Chapitos” y aumentando la recompensa a 10 millones de dólares. Por cada uno de los hermanos prófugos, Archivaldo Iván y Jesús Alfredo, se ofrece esa cifra.
Además, la administración responsabiliza al liderazgo de Iván Guzmán de una alarmante oleada. Esa ola de violencia afecta tanto a México como a Estados Unidos. Ha alcanzado a civiles, fuerzas de seguridad y grupos rivales, elevando el nivel de tensión regional.
La detención de Ismael “Mayo” Zambada y el consecuente enfrentamiento entre las facciones heredadas de los Zambada y los hijos de El Chapo desataron una cruenta guerra. Este conflicto, ocurrido en Sinaloa, ha dejado más de 1,200 muertos, incluyendo 39 menores. Además, se reportan aproximadamente 1,400 personas desaparecidas, lo que agrava la crisis humanitaria.
Actualmente, el «chapo» Guzmán permanece bajo prisión en Estados Unidos.
Esta serie de acontecimientos revela la compleja lucha contra el narcotráfico transnacional y las repercusiones humanitarias que enfrentan México y Estados Unidos. Además, destaca la relevancia de los procesos judiciales para desarticular estructuras criminales internacionales, cuyo impacto trasciende fronteras y requiere cooperación binacional constante.
Redacción. El doctor José Manuel Matheu, exministro de Salud, expresó dudas sobre la viabilidad del nuevo programa del Instituto Hondureño de Seguridad Social(IHSS) que busca entregar medicamentos a domicilio a derechohabientes.
Matheu consideró que aunque la iniciativa puede beneficiar a ciertos sectores, su implementación en el contexto hondureño presenta múltiples desafíos logísticos y de seguridad.
“Le puede ayudar a alguna población y está bien, ojalá y tenga éxito, pero yo lo veo sumamente difícil porque la población no solo es la del casco urbano”, advirtió Matheu en declaraciones brindadas este martes a Diario Tiempo.
Autoridades buscan darle comodidad a los derechohabientes.
El también diputado explicó que muchas de las personas aseguradas viven en zonas de difícil acceso, lo que complicaría seriamente la cobertura del programa.
“Hay gente que vive en las aldeas de municipios de las montañas, también tienen enfermedades crónicas, así que a ellos no se les va a poder hacer llegar”, subrayó.
Matheu alertó además sobre el riesgo de distribuir medicamentos controlados o de uso restringido sin los protocolos adecuados.
“Hay medicamentos como los controlados, los que son de los pacientes de los hospitales psiquiátricos, que eso no se pueden mandar así. Imagínese un carro delivery que lleve la cantidad para 20 pacientes. Eso puede ser objeto de que se pierda, por decirlo de alguna manera, entonces eso es delicado”, explicó.
En su análisis, reconoció que el programa podría beneficiar a personas mayores o con movilidad limitada. “Creo que pueden intentarlo, sería sobremanera para población de tercera edad, me parece, y para personas con discapacidad”.
No obstante, señaló otra dificultad técnica relacionada con la localización de los pacientes. “Nadie da la dirección exacta cuando se le abre un carnet en los hospitales, a menos que ahora sí lo estén solicitando”, indicó. Esta situación, agregó, podría provocar pérdida de medicamentos y dificultades en la entrega efectiva.
El exministro también mencionó la necesidad de asegurar condiciones especiales para medicamentos que requieren refrigeración.
El proyecto inició este martes.
“Tendrán que poner una hielera o algo en los carros que se dediquen a este transporte para poder llevar la insulina, por poner un ejemplo, o cualquier otro medicamento refrigerado”, expresó.
El programa del IHSS fue lanzado oficialmente este martes y está disponible para derechohabientes que soliciten el servicio mediante la plataforma digital del Instituto. Aunque representa un avance en la modernización del sistema, su ejecución aún genera dudas entre profesionales del sector salud.
Redacción. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo una reunión bilateral con Abdulhamid Alkhalifa, presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde se firmó un acuerdo para un préstamo de 50 millones de dólares destinado a fortalecer el desarrollo social en el país.
Este financiamiento será canalizado a través del Programa para Promover la Igualdad de Género y la Inclusión Social.
Se trata de una iniciativa nacional que busca implementar acciones concretas en tres pilares esenciales: el empoderamiento de las mujeres, la inclusión de personas con discapacidad y la integración y reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En relación con las condiciones del préstamo, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, detalló que se trata de un crédito concesional con características favorables para el país.
El financiamiento impulsará programas de inclusión social, igualdad de género y apoyo a grupos vulnerables.
El acuerdo contempla un período de gracia de cinco años, un plazo de amortización de quince años y una tasa de interés aproximada del 6 %, calificada como competitiva frente a las tasas del mercado actual. “Son fondos que llegan al país en condiciones concesionales, y son mejores que las condiciones de mercado”, explicó Duarte.
El titular de Finanzas señaló que, debido al peso de la deuda y a la baja recaudación de impuestos, es necesario que el país, como nación en desarrollo, busque ese tipo de financiamiento.
Durante el acuerdo se destacó la relevancia de este apoyo internacional para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En esta, la diversidad y la igualdad son ejes centrales del desarrollo institucional, legal y social del país.
Duarte participó durante la reunión de la firma del acuerdo.
Finalmente, las autoridades aseguraron que este acuerdo representa un avance sustancial en la política social hondureña, en línea con los objetivos globales de desarrollo sostenible. Además, subraya la importancia de alianzas estratégicas internacionales para enfrentar desafíos estructurales vinculados a la desigualdad y exclusión social.
Redacción. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, firmó una nueva ley que restringe la compra de bienes inmuebles por parte de ciudadanos, empresasy gobiernos provenientes de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, naciones consideradas como “hostiles” por agencias de inteligencia estadounidenses.
La legislación, conocida como Senate Bill 17, fue impulsada durante dos años y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2025.
Con esta medida, Texas prohíbe la adquisición de terrenos agrícolas, residenciales, comerciales e industriales por parte de personas vinculadas a estos países, con el objetivo de evitar su presencia territorial en zonas estratégicas del estado.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla con la prensa frente al Ala Oeste de la Casa Blanca.
Excepciones
La norma contempla excepciones para ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales y personas con visas válidas que adquieran una vivienda como residencia principal. Además, se permite el arrendamiento de propiedades por períodos menores a un año.
El gobernador Abbott justificó la decisión argumentando que busca proteger infraestructuras críticas y terrenos cercanos a bases militares frente a amenazas de espionaje extranjero.
La ley otorga al procurador general del estado facultades para investigar posibles violaciones, las cuales podrían considerarse como delitos graves.
La medida, sin embargo, ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles y legisladores. Grupos como Asian Americans Advancing Justice advirtieron que la normativa “lanza una red demasiado amplia” y podría conducir a casos de perfilamiento racial y discriminación hacia extranjeros inocentes.
Desde el Congreso estatal, legisladores demócratas denunciaron que la ley podría replicar prácticas discriminatorias del pasado y violar principios constitucionales.
La medida firmada por Greg Abbott afecta a ciudadanos y entidades vinculadas a gobiernos liderados por Xi Jinping (China), Vladímir Putin (Rusia), Ebrahim Raisi (Irán) y Kim Jong-un (Corea del Norte), considerados por EE. UU. como adversarios estratégicos.
Texas se suma así a una creciente tendencia en Estados Unidos: al menos 25 estados han aprobado legislaciones similares en el último año, mientras que se discuten propuestas a nivel federal para reforzar el control sobre las inversiones extranjeras en tierras agrícolas mediante el Departamento de Agricultura y el comité CFIUS.
Redacción. Desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, epicentro de una crisis que ha afectado a miles de viajeros, más de mil hondureños viven una pesadilla que parece no tener final.
La aerolínea Iberojet, encargada de operar vuelos entre Honduras y España, ha cancelado al menos seis vuelos, tres de ida y tres de regreso, dejando a los pasajeros atrapados en un limbo de incertidumbre, desinformación y falta de atención oportuna.
Los pasajeros fueron trasladados a hoteles sin información previa ni reservas confirmadas, tras horas de espera y traslados en autobús.
En medio del caos, Diario Tiempo conversó en exclusiva con Annette Reyes, una hondureña residente en España que quedó atrapada junto a su esposo e hijos cuando su vuelo fue cancelado apenas minutos antes del «check-in».
“Nosotros llegamos en taxi al aeropuerto, listos para volver a Honduras, y cinco minutos antes del registro nos dicen que el vuelo está cancelado. No hubo explicación, solo dos personas entregando hojas de reclamación para que cada quien ‘pusiera su queja’. Era un desorden total», relató.
Una crisis aérea que afecta a más de 2,400 pasajeros
La situación fue confirmada por el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien informó que en total han sido canceladas seis operaciones de Iberojet: tres vuelos de ida y tres de regreso, afectando a unas 2,400 personas, la mayoría hondureños. Hasta la fecha, más de mil siguen varados en la capital española sin solución clara.
Las cancelaciones comenzaron el 21 de junio y continuaron los días 25 y 28. Los aeropuertos de Madrid y Palmerola, en Honduras, han sido escenarios de protestas, angustia y malestar por parte de los pasajeros, quienes denuncian no solo la falta de organización de la aerolínea, sino también la inacción del gobierno hondureño.
“El miércoles 25, a pocos minutos de que el hotel nos pidiera desocupar las habitaciones, la aerolínea extendió el hospedaje hasta el sábado 28. Esto generó mucha incertidumbre y estrés porque no sabíamos si nos quedaríamos sin un lugar donde dormir. Al hacerlo, Iberojet dijo que sería la última extensión, incluso para quienes teníamos vuelos después de esa fecha», relató Annette Reyes.
«Alegaron que estaban cumpliendo con la ley, pero eso no es cierto. Es completamente ilegal quitarle el hospedaje a un pasajero antes del día en que debe volar”, denunció la hondureña.
“Todo era incierto e irregular”
Después de la cancelación, Annette y su familia fueron trasladados a un hotel, sin reserva confirmada ni información sobre su vuelo de regreso.
“Nos llevaron en buses sin decirnos adónde íbamos, sin saber cuándo volaríamos, todo era incierto e irregular después de ocho horas de esperando que hicieran algo. Cuando llegamos al hotel, nos dijeron que no teníamos reserva. Imagínese eso, con niños, con ancianos, sin saber si vamos a dormir en la calle”, contó.
En el hotel donde fue alojada, Reyes asegura que había más de 80 hondureños en la misma situación. Muchos no tenían ni para comer.
De momento, la aerolínea no ha dado repuesta clara ante esta problemática.
“Hay personas que mandaron todo su dinero a Honduras antes de salir, como hacemos muchos migrantes. Se quedaron sin un euro en la bolsa. Y no sentimos ninguna respuesta ni de la aerolínea ni por parte de la embajada de Honduras en Madrid”, denunció.
Desamparo legal y silencio institucional
La normativa europea CE 261/2004 establece que, ante cancelaciones, las aerolíneas están obligadas a recolocar a los pasajeros en el vuelo más próximo o brindarles manutención completa: hospedaje, comida, asistencia médica y productos básicos. Sin embargo, Iberojet no cumplió con esos estándares, según testigos.
“La ley aquí es clara. Y la están violando. Pero más grave es que el gobierno de Honduras ni siquiera exige su cumplimiento. No hemos visto al cónsul, no ha llegado nadie. Ni una llamada, ni un correo. Nosotros acudimos de manera telefónica en varias ocasiones al embajador y no obtuvimos respuesta. Es la manera más suave de decir que nos colgaba el teléfono”, lamentó Reyes.
En medio de la incertidumbre, muchos de los pasajeros coincidieron en que el apoyo recibido por parte de las autoridades españolas fue clave para enfrentar la situación.
Las autoridades españolas, incluyendo la policía y empresas locales, intervinieron para apoyar a los varados.
Policías en el aeropuerto intervinieron para exigir respuestas a los representantes de Iberojet, mientras que varias empresas españolas se hicieron responsables de sus empleados varados, cubriendo sus gastos ante la falta de acción de la aerolínea.
“Tuvimos más respaldo del pueblo y de las autoridades españolas que del propio gobierno hondureño”, lamentó la hondureña afectada.
Según el embajador Marlon Brevé, la presidenta Xiomara Castro fue informada durante su visita a España y expresó su preocupación. También se ha programado una reunión entre representantes de Iberojet y el gobierno hondureño en Sevilla para el martes. Sin embargo, en las calles de Madrid, la desesperación de los pasajeros crece.
Las cancelaciones comenzaron el 21 de junio y se repitieron los días 25 y 28, según Brevé.
Vuelos suspendidos, promesas rotas
A lo largo de la semana, se cancelaron vuelos que estaban reprogramados para el miércoles, sábado y domingo. “Había personas que tenían fecha de vuelo desde hacía días y aun así les cancelaban sin previo aviso. Algunos ya estaban en la puerta de embarque cuando les dijeron que no volaban. Era una locura. Una humillación”, relató Annette.
En algunos casos, los hoteles presionaban para liberar las habitaciones, mientras Iberojet no ofrecía respuesta.
“Nos dijeron que nos iban a extender el hospedaje hasta el sábado, pero el hotel nos sacó a las 12 del miércoles porque nunca recibieron confirmación. Otra vez con maletas en la calle, niños llorando, ancianos enfermos. Esto ya era una violación a los derechos humanos”, lamentó.
Afectados vulnerables, sin protección
Entre los varados hay también 91 trabajadores agrícolas hondureños, vinculados a un convenio de migración laboral con España. Estos fueron reubicados temporalmente en hoteles y algunos lograron reprogramar sus vuelos entre el 1 y el 5 de julio. Pero cientos de familias, muchos en situación precaria, siguen sin fecha definida.
La embajada ha señalado que los pasajeros pueden buscar asesoría legal para reclamar compensaciones. Sin embargo, la hondureña radicada en España fue contundente:
“¿Cómo va a buscar asesoría una señora que no tiene para el bus? Esto no es realista. Necesitamos presencia, ayuda directa. La gente no puede quedarse a vivir en la terminal porque nadie asume su responsabilidad”.
El clamor: que esto no se repita
El caso ha encendido la alarma sobre la fragilidad de los derechos de los hondureños en el exterior. Muchos temen que una situación similar se repita si no hay consecuencias. “Esto fue un precedente peligroso. No basta con una reunión o con decir que ‘se está gestionando’. Necesitamos respuestas, vuelos, soluciones. Y sobre todo: un gobierno que nos vea”, exigió Anette Reyes.
Los hondureños siguen a la espera de una respuesta clara y concreta por parte de las autoridades
Iberojet ha prometido reprogramar vuelos y mejorar la atención. Pero mientras tanto, los afectados siguen esperando, con la maleta lista y la paciencia agotada.
“Pagamos por un servicio que no se nos dio. Exigimos respeto. No somos una carga. Somos ciudadanos. Y aunque estemos lejos, merecemos que nuestro país no nos deje solos”, concluyó Annette Reyes, asegurando que no pensaba aceptar más esta situación ni para ella ni sus compatriotas hondureños.
Redacción. Un autobús fue consumido por las llamas la tarde de este martes en la vía que conecta San Antonio de la Cuesta con Rancho Grande, en Comayagua, en un suceso que, aunque alarmante, no dejó personas heridas.
Según informes preliminares, el vehículo de transporte interurbano que cubría la ruta La Ceibita-Comayagua sufrió un siniestro de manera repentina. El Cuerpo de Bomberos se presentó en el lugar del hecho para sofocar las llamas y dar inicio a las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los factores que provocaron la pérdida total del vehículo, que quedó completamente calcinado.
Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas. Este incidente se suma a una serie de siniestros similares que se han reportado recientemente en diversas regiones del país.
La frecuencia con la que estos incendios vehiculares están ocurriendo ha despertado preocupación entre la población, así como un llamado de atención sobre el estado de mantenimiento y seguridad de los vehículos del país.
Durante el incendio en Comayagua no se reportaron personas heridas.
Las autoridades correspondientes manejan diversas hipótesis sobre las posibles causas de los incendios en vehículos. Entre las más comunes se encuentran fallas en el sistema eléctrico, cortocircuitos provocados por conexiones defectuosas o materiales desgastados, fugas de combustible, sobrecalentamiento del motor y negligencia en el mantenimiento preventivo.
También puede influir el uso de piezas no originales o mal instaladas, así como la acumulación de materiales inflamables en el interior del vehículo. Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan mantener la calma y priorizar la seguridad de las personas.
¿Qué hacer ante un incendio vehicular?
Si un incendio comienza, se debe apagar el motor de inmediato, evacuar a todos los ocupantes sin demora y alejarse del vehículo por una distancia prudente. Es fundamental no intentar abrir el capó si se observan llamas en la parte frontal del automóvil. También se recomienda verificar periódicamente el sistema eléctrico y de combustible, y realizar mantenimientos preventivos con personal calificado.
El Cuerpo de Bomberos permanece atento ante cualquier llamado de emergencia. (Foto de referencia).
Redacción. El alcalde Roberto Contreras confirmó que la Municipalidad de San Pedro Sula destinará 100 millones de lempiras para reconstruir el puente colapsado de la colonia Las Brisas, a pesar de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte(SIT) ofreció asumir completamente el proyecto.
El edil declaró recientemente que el proyecto tomaría un poco más de tres meses con fondos municipales y posibles donaciones de empresarios.
Sin embargo, desde Tegucigalpa, el ministro de SIT, Octavio Pineda, aclaró que el gobierno a través del ente que él dirige ofreció ayuda desde el momento del colapso.
El puente Las Brisas colapsó la madrugada del pasado viernes.
“Hemos ofrecido como gobierno responsable desde el día 1 a través de SIT Honduras apoyo incondicional para la situación que hoy vive la ciudad de San Pedro Sula, en base al colapso del Puente entre Guadalupe y Las Brisas dentro del Casco Urbano de SPS”, escribió en su cuenta de X.
Octavio Pineda aclaró que el gobierno ofreció ayuda.
Pineda agregó que el ente gubernamental gestionaría el inicio inmediato de la reconstrucción, “a la espera de las autorizaciones municipales para tal obra vital para el tránsito vehicular y peatonal”.
Con la gestión la municipalidad sampedrana se ahorraría tiempo y recursos, según el ministro. No obstante, la propuesta fue rechazada públicamente por el alcalde Contreras, quien reiteró su decisión de mantener la ejecución desde el gobierno local.
“Gracias Ministro, pero el ofrecimiento fue el domingo cuando estaba planificado el trabajo del paso provisional. El apoyo es bienvenido en la instalación del puente Bailey lo antes posible para nuestros hermanos de la Flor de Cuba. Agradezco en nombre del pueblo de San Pedro Sula cualquier apoyo”, contestó.
Contreras no aceptó ayuda del gobierno central.
La postura del edil ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan por qué no se aceptó el respaldo del Gobierno, mientras otros apoyan que se mantenga el control desde la comuna para un mejor control y rapidez.
El puente de Las Brisas colapsó a finales de junio debido al desbordamiento del río Bermejo, dejando incomunicadas varias colonias del sector noroeste. La infraestructura es clave para la movilidad de miles de personas en San Pedro Sula.
¿Cómo lo financiará?
De acuerdo con informe de medios locales, la Municipalidad de San Pedro Sula financiará la reconstrucción del puente con los 99 millones de lempiras originalmente destinadosa pavimentar la trocha oeste de la avenida Júnior.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria de la Corporación Municipal, realizada vía Zoom, donde se autorizó al alcalde Roberto Contreras a cancelar por mutuo acuerdo el contrato con la empresa contratada para dicho proyecto de pavimentación.
La municipalidad sampedrana habilitó un paso provisional.
La medida se justifica como una respuesta urgente a la emergencia vial tras el colapso del paso, y permitirá redirigir fondos disponibles sin perjuicio económico para la Alcaldía.
