Redacción. El gobierno de Donald Trump clasificó a miles de inmigrantes legales como fallecidos, trasladando sus datos personales al Archivo Maestro de Defunciones de la Administración del Seguro Social (SSA) y cancelando sus números de Seguro Social, una acción que ha sido duramente criticada como una forma de “asesinato digital”.
De acuerdo con The Associated Press (AP), cerca de 6,300 inmigrantes fueron afectados tras una decisión conjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la SSA.
El cambio de estatus se justificó alegando que estos individuos tenían permisos temporales de permanencia en el país, pero figuraban en listas de vigilancia por presuntos antecedentes penales o vínculos con terrorismo. No obstante, el gobierno no ha presentado pruebas de tales acusaciones, y muchos de los afectados se encuentran legalmente en el país.
Dificultades
El impacto de esta decisión es grave: al perder su número del Seguro Social, estas personas no pueden conseguir empleo legal, acceder a servicios bancarios, cobrar beneficios ni inscribir a sus hijos en algunas escuelas públicas.
“El Estado policial está aquí, ahora”, advirtió Martin O’Malley, exadministrador del Seguro Social, señalando que esta política también viola normas de privacidad federales.
El gobierno comenzó a referirse al Archivo Maestro de Defunciones como el “Archivo Maestro de Inelegibles”, según confirmó un funcionario bajo anonimato.
Esta base de datos contiene más de 142 millones de registros desde 1899 y nunca se había utilizado para marcar como fallecidas a personas vivas.
“El gobierno está diciendo que tiene el derecho de declarar a alguien como muerto cuando no ha fallecido… ¿Dónde está la supervisión aquí?”, cuestionó Devin O’Connor, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.
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Los expertos advierten que esta política puede sentar un precedente peligroso para cualquier ciudadano o residente legal.
“Si pueden hacerlo con un grupo, pueden hacerlo con cualquiera, por error o por malicia”, advirtió Kathleen Romig, directora de política del Seguro Social en ese mismo centro.
CBP One sin estatus
Además, el reportaje de AP señala que el gobierno también revocó esta semana el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que utilizaban la app CBP One, una herramienta promovida durante la administración Biden para permitir la entrada legal y temporal al país, obligándolos ahora a autodeportarse.
En paralelo, el DHS y el Departamento del Tesoro firmaron un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para permitir el cruce de información fiscal con ICE.
Esto implica que nombres y direcciones de inmigrantes se van a comparar con registros tributarios para facilitar posibles deportaciones. La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, renunció tras la firma del acuerdo, denunciado por activistas como una violación grave a la privacidad ciudadana.
“No dejes que el gobierno de Trump te engañe. Su política de ‘asesinato digital’ no es acerca de inmigrantes indocumentados. Se trata de personas que vinieron aquí legalmente”, concluyó Romig en redes sociales.
