Tegucigalpa, Honduras. El interés que genera entre los diputados del Congreso Nacional (CN) la discusión de una Ley de Extradición levanta muchas sospechas, señaló este miércoles el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana.
A su juicio del funcionario, una normativa de esa categoría beneficiará a varios vinculados con delitos en el país.
Orellana dejó entrever lo anterior luego de que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, dijera que están de acuerdo en que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley y ya no con el auto acordado como se hace desde 2014.
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Interés sospechoso
En ese sentido, Orellana sostuvo que «es sospechoso que haya interés por algunos políticos de esta iniciativa de Ley de Extradición y no haya interés para revisar el Código Penal, la Ley de Impunidad que se aprobó en el Congreso anterior y derogar otros decretos que han hecho tanto daño al país y que favorecen a la impunidad, corrupción y el narcotráfico».
A través de noticieros Hoy Mismo, el secretario de Transparencia aseguró que la aprobación de esta ley beneficiaría a muchos diputados que se les imputa en los tribunales hondureños y que Estados Unidos los vincula con narcotraficantes.
Orellana es del criterio de que una normativa sobre la extradición, cuyo proceso tarda 100 días, en promedio, desde la petición hasta la entrega, sería un laberinto con el que se dilataría ese proceso.
«Es muy probable que esta gente pueda incidir en la estructuración de la ley y convertirla en un laberinto para que a los extraditables no puedan enviarlos a Estados Unidos«, recalcó.
Por esa razón, Orellana consideró que antes de discutirse el tema, primero se debe cerciorar que el Hemiciclo Legislativo esté limpio de la criminalidad organizada.
Auto acordado
Honduras, actualmente cuenta con un auto acordado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó en 2013. Ese instrumento es el que regula el proceso judicial de una extradición.
El auto acordado entró en vigencia luego de que el Congreso Nacional reformara el artículo 102 de la Constitución.
De igual manera, el país suscribió convenios de extradición con otras naciones, como el que se firmó en 1927 con Estados Unidos. No obstante, varios sectores políticos reclaman la creación de una ley especial.
Desde 2014 a la fecha, unos 36 hondureños enfrentaron juicios en Estados Unidos tras extraditarlos por supuestos delitos que se relacionan con el narcotráfico.
