Opinión de Héctor A. Martínez: Gobernar sin legitimidad

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Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional.

Héctor A. Martínez (Sociólogo). En caso de ser inconstitucionalmente electo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, gobernará otro periodo, con un alto grado de ilegitimidad. Ilegitimidad significa que más de la mitad de los hondureños votantes –sin contar los güirros que hicieron alboroto con el llamado cacerolazo contra la dictadura-, no aprueban ni aprobarán su mandato.

Tengo sobre mi escritorio dos buenos elementos a considerar: un artículo de La Prensa de Nicaragua del 2013, justo cuando Daniel Ortega, malabarista de la Constitución, acababa de ser electo, en medio de una situación muy similar a la que hoy vivimos los hondureños, esto es, denuncias de fraude, pequeños golpes institucionales previos a las elecciones, medios de comunicación sumisos al régimen, y el consabido desconocimiento de los resultados por parte de la oposición. Si trastocamos el artículo y cambiáramos el nombre del país, es muy difícil que alguien pudiera notar las diferencias entre el uno y el otro. El artículo editorial se intitula Legitimidad e ilegitimidad del poder de la entrega del 5 de marzo del 2013.

El otro elemento a considerar se llama Del Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, obra hartamente conocida por cualquier universitario, estudiante o académico. Y lo citaré porque recordaba el otro día, un pasaje que me sorprendió muchísimo, y que me parece que fue escrito muy a propósito, con el deseo vehemente del ginebrino por blindar la democracia contra la usurpación y la tentación de manosear las constituciones, pericia que, por cierto, han aprendido con excelentes calificaciones los taimados políticos del Tercer Mundo.

Rousseau decía que no era bueno que quien hiciera las leyes las ejecutara, y por eso sugería que la mayor satisfacción del ejecutivo, era tener de aliado al legislativo, lo cual, como bien sabemos, termina corrompiendo la práctica democrática. Eso es, precisamente, lo que se ha hecho en Honduras, Nicaragua y buena parte de los países del Cono Sur. Al hallarse, entonces, alterado el Estado en su sustancia –decía Rousseau-, toda reforma se vuelve imposible. Esta terrible sentencia nos obliga a echar la mirada hacia el pasado reciente de nuestro país y ver las cosas sin las gafas de los apasionamientos políticos o ideológicos.

El resultado de las elecciones, aún con toda la maquinaria de los aparatos ideológicos del Estado, y del fraude nacionalista -muy mal diseñado, por cierto-, las revueltas y los actos vandálicos, es el efecto deslegitimador del proceso que comenzó, no el día del conteo de las votaciones, sino, desde el momento en que se fraguó impunemente la reelección presidencial. La ignorancia sobre la teoría política clásica, aunada al rompimiento de los esquemas éticos de la sociedad, sobre todo de esa generación cuarentona que ahora pervive en el poder, que desea alcanzar el éxito sin tener que trabajar denodada y honradamente, echó por la borda la poca credibilidad que los ciudadanos teníamos en los políticos hondureños. Y por eso la gente prefirió a un “outsider” como Salvador Nasralla.

Los políticos latinoamericanos no entienden que la ojeriza, el desprestigio y la malquerencia de la ciudadanía hacia ellos, son el reflejo de la impunidad, el delito y la corrupción institucional, atributos que los acompañarán de por vida, sin advertir que sus nombres –para tristeza de sus descendientes-, estarán registrados para siempre en los anales de la historia.

Pero eso no hace mella en la consciencia ni en la ética de nuestros políticos: al fin y al cabo, el objetivo de quedarse en el poder para fraguar los negocios que ya están esbozados en las matrices de los proyectos particulares, ha sido alcanzado, salvo que los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, sean absoluta y legalmente rechazados por los organismos competentes. Porque la mitad de la población votante, tirada en las calles, ya emitió su juicio.

La poca fe en las instituciones nos hace pensar que eso no va a ocurrir: Juan Orlando Hernández a pesar de la ilegitimidad de su gobierno y de la ilegalidad de su elección, se quedará con el trono y el cetro, pero eso sí: auguramos que, no por más de cuatro años; en el caso de que la sociedad organizada, ya madura, políticamente hablando, le permita llegar hasta el final de su malhadada aventura inconstitucional que comenzó hace mucho tiempo.