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miércoles, octubre 27, 2021

Opinión de Juan Carlos Aguilar| Corrupción: la energía más grande en Honduras

Abogado Juan Carlos Aguilar.
Abogado Juan Carlos Aguilar.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), una institución autónoma y desconcentrada del Estado desde sus inicios y la que se ha visto quebrantada en las ultimas décadas producto de malas administraciones generadas desde el sector público, privado y hasta llegar al punto de tener que optar por un consocio honduro-colombiano, a fin de mitigar el daño causado por las pérdidas generadas.

Según el último informe generado por la empresa canadiense Manitoba Hydro International (MHI), la mora de la ENEE asciende a unos 12,885 millones de lempiras y la misma se ha visto incrementada en 5,763 millones de lempiras durante la gestión de la Empresa Energía Honduras (EEH).

Hay que recordar que EEH fue seleccionada en 2016 para disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de la energía en el país. Datos crudos dan cuenta de que la EEH ha cobrado 16,085 millones de lempiras por costo fijo en los 5 años que lleva de gestión y las pérdidas. Cifras de la ENEE indican que las pérdidas han incrementado sustancialmente.

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Lo que sucede con esta operación es un reflejo claro de lo que ha pasado históricamente en la ENEE, producto de las malas administraciones durante los periodos de gestión, ya que para el administrador representa un ganar-ganar. Mientras la estatal energética continúa con el incremento de las pérdidas ocasionadas por mala administración, empresas y personas que no están capacitadas para asumir un rol tan importante y que representa un verdadero reto y desafío por asumir, pero los que han ostentado estos cargos han velado por las ganancias personales, grupales y no por la mejora de la ENEE.

Esto respaldado desde el Congreso Nacional donde se han aprobado contratos completamente leoninos y que son nocivos para el país, pero que generan grandes beneficios para los operadores, administradores y todo aquel involucrado en sector energético. Casi asegurando que no exista ningún tipo de riesgo de pérdida para los que reciben las concesiones y sí un porcentaje casi absoluto de que en todo momento lo que recibirán serán ganancias millonarias independientemente de si existe mejora o no desde la ENEE.

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El reflejo de esta seguidilla de malas prácticas generadas desde la administración de la ENEE y desde el sector gubernamental vienen a impactar directamente en el pueblo hondureño y especialmente en la clase trabajadora, que es la que finalmente absorbe de una manera más fuerte las consecuencias. Estas, que van desde altos costos de la energía, interrupciones frecuentes, falta de mantenimiento, cobros programados y no en función del consumo real de las personas, pero que en lugar de generar beneficios lo que ocasionan es que cada vez más se caiga en pérdidas para la estatal.

Por otro lado, se ha intentado -mejorar- la situación desde el Gobierno, con la práctica ya reiterativa que se aplica a las instituciones que se encuentran en estado crítico y es a través de la instauración de Comisiones Interventoras tal y como sucedió con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o la que se estableció en Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) para citar ejemplos.

El modus operandi de las interventoras en el país han sido de pocos resultados tangibles, ya que si bien inician a funcionar, los gastos operativos y salariales son muy altos lo que genera aún más erogación por parte de las instituciones intervenidas, es decir, son como un apagallamas momentáneo de que efectivamente se está realizando algo para reducir los problemas en las instituciones intervenidas, para el caso la ENEE.

Recientemente se ha suscitado un nuevo problema desde el sector energético, ya que la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), quien cuenta con funciones como la de intervenir o cancelar el contrato de la EEH por incumplimiento, ha intervenido una de las operaciones del sector energía.

Precisamente la intervención por incumplimiento es lo que se pretende, dada la no rebaja de las pérdidas y la ejecución presupuestaria no es la mejor. Lo que genera preocupación es una eventual demanda contra el Estado de Honduras y que en caso de perderla seguramente sería una erogación de miles de millones de lempiras que al final son absorbidos por los hondureños. Por lo tanto, es recomendable seguir lo que indica el procedimiento al pie de la letra y así evitar conflictos legales que se traduzcan en descalabros financieros en el futuro.

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