Redacción. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que es preocupante el aumento de la militarización en la seguridad pública y en el sistema penitenciario de Honduras.
Asimismo, sostuvo que esto coincide con un aumento de denuncias recibidas por su organismo sobre maltratos perpetrados por policías militares.
«Tras el trágico atentado perpetrado en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 reclusas, el gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la Policía Militar. Desde entonces hemos recibido informes de que algunas de las acciones de la Policía Militar pueden constituir malos tratos», manifestó.
En la presentación del informe anual de su organismo sobre Honduras, Türk sostuvo que también preocupa el prolongado estado de emergencia en el país. Medida que lleva en vigor más de 15 meses y otorga a la Policía Nacional y a la Policía Militar poderes para llevar a cabo detenciones y registros sin orden judicial.
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Seguridad en Honduras
Por otra parte, el alto comisionado dijo que Honduras se mantiene «como uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente».
Igualmente, comunicó que los ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas aumentaron en 2023, con unas 561 víctimas de agresiones.
«Al menos 15 defensores de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinados. Mi oficina anima encarecidamente al gobierno a reforzar el Mecanismo Nacional de Protección y a poner en marcha todas las medidas institucionales necesarias para protegerlos», detalló.
Como evolución positiva, mencionó el nuevo proceso para la elección de una renovada Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además del énfasis que se ha puesto en cuestiones como la transparencia, rendición de cuentas y paridad de género.
Sobre la seguridad ciudadana, Türk reconoció un descenso en los homicidios, pero sostuvo que la violencia y la inseguridad siguen estando muy enraizados. En especial, las agresiones que afectan a las mujeres y a las personas LGBTQ+. «380 muertes violentas el año pasado entre las primeras y 47 asesinatos en el segundo colectivo», añadió.
Finalmente, lamentó que no existan protocolos especiales para que las instituciones de justicia penal aborden de forma adecuada esta situación.
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