En la víspera del retorno a Tegucigalpa del “facilitador” de la OEA, embajador Biehl, para ver la manera de rehabilitar el “diálogo” nacional urdido por el ciudadano presidente Hernández Alvarado, el Partido Nacional (PN) claramente da un portazo a la eventualidad de instalar en Honduras una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) patrocinada por Naciones Unidas (ONU).
Gladys Aurora López, presidente del Comité Central del PN, “partido hecho poder”, al referirse al papel de la CICIG en Guatemala, en relación con la caída del presidente Otto Pérez Molina, sostiene que, en el caso del vecino país, “fue necesario que la CICIG llegara para que supieran su situación de corrupción”.
“Puedo decir –recalca la presidente del PN— que aquí, en Honduras, sale toda la situación de corrupción a flote sin necesidad de que hubiera una CICI en el país”. Sale a flote, concedemos, y hasta rebalsa la letrina. La diferencia reside en la estructura y funcionamiento del poder público, cuya institucionalidad la asume y detenta el “partido hecho poder”.
La abundosa explicación acerca de la “diferencia” entre Guatemala y Honduras, debido a lo cual lo ocurrido allá “no afecta ni incide en nuestro gobierno”, da una visión completa de la posición del régimen, con una convicción francamente cínica de estar de lleno (“caiga quien caiga”) combatiendo la corrupción.
“Eso nos sitúa –repite la presidente del CCPN— en una situación muy distante uno del otro”. O sea que el gobierno del ciudadano presidente Hernández Alvarado está a años-luz del gobierno de Pérez Molina, y podría ser que así fuese, según sea “el cristal con que se mire”, como dijera Ortega, el poeta.
En Honduras no se necesita la CICIH. Se ha firmado un pacto con Transparencia Internacional; hay personas enjuiciadas por actos de corrupción; “nos adelantamos a los hechos (en un gobierno del Partido Liberal, por cierto) y se eliminó la inmunidad de los diputados y de los altos funcionarios del gobierno”.
“Por si eso fuera poco, cuando el hoy presidente de Honduras fue titular del congreso nacional, se eliminó el privilegio de las dispensas a que tenían derecho los diputados, pero sobre todo creó la figura del Juicio Político”.
Eso no impidió, por supuesto, el atraco salvaje, deshumanizado, a los fondos públicos del Instituto del Seguro Social, de las Secretarías de Salud y de Agricultura y Ganadería, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMH) y otras entidades estatales para el enriquecimiento ilícito de la cúpula del poder y para financiar la campaña electoral de 2013.
Una figura de juicio político inútil por su inaplicabilidad práctica, una Sala de lo Constitucional que ha declarado inconstitucional la Constitución de la República, y, en fin, un Estado-nación totalmente secuestrado por un “partido hecho poder”, forma política definitoria del totalitarismo.
Las preguntas obligadas son, en consecuencia, ¿a qué viene a Honduras el “facilitador” de la OEA, asistido por la ONU? ¿Para qué un “diálogo” nacional si la institucionalidad hondureña pasa, como gusta decir a los diplomáticos, por su mejor momento?
