Redacción. Mediante un operativo policial, el diputado Nelson Javier Márquez Euceda fue capturado y trasladado a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), donde guarda prisión preventiva a la espera de su audiencia.
Las autoridades restringieron parcialmente el acceso a las instalaciones de DIPAMPCO y se espera la llegada de tres personas más, presuntamente vinculadas al mismo caso.
En el lugar, personal de seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos supervisan que se respeten los derechos de los detenidos, mientras familiares de los arrestados han llegado para realizar notificaciones formales.
Las autoridades acusan a Márquez de participar en una red de corrupción que defraudó al Estado por más de 3,084 millones de lempiras. La red operaba mediante contratos irregulares, laudos arbitrales sin valor legal y procesos judiciales viciados, afectando gravemente las finanzas públicas.
Requerimiento fiscal
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra al menos 13 personas, entre exfuncionarios públicos, abogados, jueces y representantes legales de empresas involucradas.
Además de Márquez, quien fue exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología y Educación Superior (SEDECOAS) y actualmente diputado, están acusadas exautoridades como Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora General de la República, y Martha Vicenta Doblado Andara, excoordinadora General de Gobierno. También figuran representantes de las empresas DRC Inc. y NAINSA.
La investigación detalla que la red comenzó a operar desde el año 2000, cuando tras el huracán Mitch el Estado adjudicó fondos internacionales a DRC Inc., una empresa estadounidense que funcionó sin autorización y subcontrató ilegalmente a NAINSA.
Ambas empresas promovieron demandas fraudulentas contra el Estado utilizando un laudo arbitral que la Corte Suprema de Justicia nunca homologó.
Delito de fraude
El Ministerio Público acusa a los implicados de delitos como fraude, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos. También les imputa prevaricato judicial, abuso de autoridad y conspiración para defraudar al Estado.
Se determinó que se beneficiaron con depósitos bancarios personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares.
El diputado Márquez está imputado por emitir un informe en enero de 2020, recomendando la firma de un acuerdo extrajudicial con las empresas, a pesar de conocer la ilegalidad del laudo arbitral. Además, está acusado por incumplir las obligaciones pactadas.
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El traslado y detención se realizó bajo un operativo coordinado de agentes de DIPAMPCO, con estricta vigilancia para garantizar la seguridad del proceso.
