Redacción. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se presentaron este jueves a las oficinas del Instituto de Conservación Forestal (ICF) para realizar el secuestro de documentos por denuncias de inscripción de tierras que son zonas protegidas.
El director del ICF, Luis Solís, informó que la visita de las autoridades se da producto de las denuncias de prescripciones adquisitivas realizadas por el mismo ICF.
Solís agradeció al MP por la pronta reacción ante la denuncia, ya que los bosques nacionales no pueden estar pasando a manos de empresas o personas privadas a través de la extensión de títulos de propiedad.
«Hemos determinado y revisado los títulos, los hemos estudiado y lógicamente hay una violación a la Ley de Propiedad, a la Ley de Reforma Agraria y a la Ley Forestal en el otorgamiento de esos títulos donde claramente se determina que los regímenes de vocación forestal nacional, área nacional y microcuencas no pueden pasar a manos de privados», explicó el ministro.
Piden una investigación
Detalló que hoy a causa de la obtención de títulos cuentan con grandes solicitudes de permisos para otorgamiento de plan de manejo. Sin embargo, aseguró que debido a que se trata de bosques nacionales no lo van a permitir.
«Hemos hecho la denuncia para que se proceda a su investigación y desarticular esa red de corrupción», dijo.
Informó que la mayoría de títulos se emitieron entre el 2026 y 2021, y algunos en 2022 emitidos por el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad, mismos que habría que analizarlo para anularlos.
Por otra parte, explicó que el problema de otorgamiento de títulos se origina del Poder Judicial. Asegura, que este poder continúa entregando, a través de la figura de prescripciones adquisitivas, títulos en áreas nacionales.
En tal sentido, solicitó la suspensión de estas escrituras públicas. Además, que se invetsigie a los funcionarios públicos y parte privada que participaron en el otorgamiento de títulos.
«Al final lo que tenemos que defender son nuestros bosques, que son un bien común, y parte del patrimonio forestal. Como instituto y funcionarios públicos debemos defenderlos», concluyó.
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