Un grupo de migrantes hondureños, radicados en los Estados Unidos, llegaron a protestar este lunes frente a la embajada de Honduras en Washington D.C. para exigir la aprobación de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS), misma que fue una promesa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Los hondureños se abocaron a la embajada con carteles, para exigir una solución a su estatus migratorio, ya que son más de 65 mil hondureños los que están abrigados con el TPS, pero existe otra parte que aún no cuenta con este beneficio y esperan que el gobierno tome en consideración su pronunciamiento.
No obstante, la comunidad migrante no se pronunció solamente por el tema del TPS, ya que también exigen a las autoridades hondureñas un «verdadero enrolamiento». Asimismo, se refirieron a otros temas ligados a Honduras, entre ellos que se cumpla la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) a Honduras.
En los carteles los migrantes piden no más corrupción y nepotismo en el gobierno de Castro. Asimismo, tratos dignos a la diáspora.
Nota relacionada: Gobierno de Joe Biden amplía el TPS para los venezolanos
¿Qué es el TPS?
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades.
Este permiso brinda una ayuda a los migrantes que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.
Los beneficiarios del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de EE.UU. Ni tampoco resultarán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en EE.UU. mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Además obtienen una autorización para viajar.
El estatus de TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden resultar extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación.
