TEGUCIGALPA, HONDURAS. La finalización del actual gobierno, actos de insurrección y paro nacional, son las peticiones que Manuel Zelaya Rosales hizo en la clausura de la movilización en el Día del Trabajador.
Frente a cientos de personas, el ex presidente de la Honduras exclamó su acostumbrado discurso en la finalización de la citada marcha.
En la mismas, enfatizó que en Honduras debe primar el socialismo, citándolo como una misión a cumplir por parte de la población.
«Hoy tenemos una misión que cumplir y que la llevamos en la sangre, tiene que haber socialismo en Honduras. La revolución es inevitable en Honduras para sacar al tirano y al sistema de la dictadura que nos oprime. Solo hay un solo camino para lograr propósitos», dijo Zelaya.
Por otro lado, «Mel» Zelaya recordó las acciones que desarrolló durante su período de gobierno entre 2006 y 2009.
En esta parte, aseguró que «los he acompañado durante los últimos 20 años a todas las manifestaciones. Los defendí cuando fui presidente de la República».
Y agregó que el era «un presidente normal», puesto que solía salir a las calles sin guardaespaldas y «nunca tuve un carro blindado en casa presidencial y la gente me saludaba en la calle como un ciudadano».
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“No a la privatización”
Por otra parte, el diputado de LIBRE, Juan Barahona, se proclamó en contra de los procesos de privatización en educación y salud, argumentando que “son medidas disfrazadas de transformación y reestructuración”.
“Igual procedimiento se está haciendo con la educación no formal impartida por el Instituto de Formación Profesional (INFOP), aseguró”.
Asimismo, exigió justicia en el caso de la recordada ambientalista Berta Cáceres, así también de otros líderes campesinos.
Otras consignas
Barahona también se refirió “al saqueo de los fondos de instituciones de seguridad social tal como se ha hecho con el INPREMA y el IHSS”.
Sumado a ello, solicitó “más presupuesto para educación y salud, pues de eso depende el mandato constitucional y no de la aprobación de más leyes”.
De igual manera exigió la cancelación de toda concesión de bienes públicos, “tal como el otorgado a COVI por la corrupta COALIANZA y su inmediata derogación de la ley que la creó”.
