Redacción. El Ministerio Público (MP), a través de La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó este martes en audiencia inicial, 44 medios de prueba en contra de los empleados y notarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP) acusados de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
Los implicados en el caso son Silvio Javier Morales Rodríguez, Carlos René Aguilar Sevilla y Albertina Eduviges Gómez Canales. También, los notarios públicos Laureano Carbajal Rivas, Pedro Armando Santos Martínez y Farid Sanabria Polanco.
De acuerdo a las investigaciones del ente acusador, los antes mencionados se valieron del dolor de 50 familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo del 2004, en donde fallecieron más de 107 privados de libertad. Los acusados se habrían quedado con dinero destinado a indemnizar a las familias de los reos fallecidos en el siniestro.
En ese sentido, el Ministerio Público propuso 11 medios de prueba testificales, 30 documentales y 3 periciales.
Sin embargo, debido a la complejidad de las mismas, los abogados defensores solicitaron la suspensión de la audiencia. A su vez, pidieron turno para revisar la carga de prueba del ente acusador.
En respuesta a la petición, el juez concedió el espacio peticionado. Y fijó la fecha para continuar con la audiencia inicial para el miércoles 3 de enero de 2024.
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Relación de hechos
Según la cronología de los hechos planteada por el MP, luego de la tragedia en el centro penal, los familiares de los privados de libertad interpusieron una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en lo que se conoció como «Caso Pacheco Teruel y otros».
Asimismo, el ente de justicia internacional determinó la sentencia en el año 2012, estableciendo que el Estado de Honduras debía pagar a cada una de las 107 familias una indemnización de 317,289 lempiras con 72 centavos.
Seguidamente, en el año 2017, autoridades comenzaron el pago de la indemnización a través de una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, el MP descubrió que una persona particular cambió 49 de los cheques pertenecientes a las familias afectadas en el Banco Central de Honduras (BCH).
Además, se dio a conocer que la persona que cambió los cheques lo hizo sin autorización de las familias de los privados de libertad fallecidos.
Adicionalmente, se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y las huellas, así como la no autorización de muchos expedientes por parte de la comisión creada en el INP. Por lo tanto, las familias afectadas no recibieron su pago correspondiente.
Las capturas en torno a este expediente fueron ejecutadas por equipos de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Policía Nacional, quienes continúan tras la pista de otras personas acusadas de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
