No es un secreto que la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) pasa por un necesario momento de revisión, toda vez que las exigencias de legitimidad, eficiencia y eficacia tornan a ser más determinantes.
Para eludir la demanda nacional de instalar en nuestro país una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), bajo responsabilidad de Naciones Unidas (ONU), similar a la de Guatemala, el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández opuso, a manera de justificación, la MACCIH con el apoyo artificioso de “representantes” de la sociedad afines al régimen.
Originalmente el proyecto MACCIH fue concebido como un instrumento para dar atole con el dedo, o sea tocar solamente la superficie del sistema de corrupción y dejar intacto el núcleo configurado por la élite pública-privada, principalmente la enquistada en la cúpula gubernamental.
Para darle olor de credibilidad a esa iniciativa, a la que el pueblo y la sociedad hondureña conformado en Movimiento Nacional de Indignación rechazó, el gobierno recurrió a la estratagema de involucrar el respaldo de la OEA y de la
ONU, lo cual consiguió plenamente en la organización regional pero tibia y sesgadamente por parte de la organización mundial.
El camino recorrido con el patrocinio de la OEA ha sido hasta ahora muy resbaloso, en la medida en que, al parecer, el secretario general Almagro ha ido percatándose de la profundidad y extensión de la corrupción e impunidad en
Honduras y de la intención elusiva del gobierno en cuanto a abordar el meollo del problema.
Es pertinente, por lo tanto, el pronunciamiento de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), en sintonía con la Indignación Nacional, de que se convenga la instalación de una nueva versión de la MACCIH con suficientes garantías “de que ésta sea un ente con carácter internacional, autónomo, independiente financieramente y con facultades para escoger e investigar todos los crímenes de alto impacto y patrones de actuación ilícita y redes corruptas que operan en el país”.
Sin embargo, falta saber si la voluntad del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández se vea ahora compelida a actuar de manera diferente, en consonancia con la voluntad nacional expresada en diferentes formas y ahora concretada en el pronunciamiento de la APJ. Por lo pronto, cuanto hay es la postergación de la firma del convenio, como si se estuviera jugando a las escondidas.
Lo que está en juego para el gobierno es, aparte de la pérdida de la ya mínima credibilidad y confianza, la probabilidad de que los fondos provenientes de Estados Unidos de América (EUA) para el Plan de Apoyo a la Prosperidad (PAP) puedan, respecto a Honduras, contar con los requisitos indispensables para su desembolso, particularmente en lo relacionado con el tema prioritario del combate contra la corrupción.
