Redacción. Pese a protestas y confrontaciones, autoridades del Gobierno de Honduras, bajo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, juramentaron este día a los nuevos miembros de la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad.
Esta comisión queda integrada por el ciudadano Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, en el cargo de comisionado presidente.
Asimismo, la ciudadana Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenin Francisco Funes Luna fungirán ambos en el cargo de comisionados adjuntos.
El acto de juramentación lo llevó a cabo el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero Morris, y el secretario general, Celso Alvarado.
La juramentación de esta nueva comisión surge luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenó el pasado jueves 30 de mayo la intervención del IP por el supuesto desvío irregular de más de 18 mil millones de lempiras.
Por instrucciones de la Presidenta, Xiomara Castro, se juramenta los miembros de la Comisión Interventora del Instituto de la Propiedad.
Quedando integrada por El ciudadano Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, en el cargo de Comisionado Presidente ante la Comisión Interventora del… pic.twitter.com/9avi5QMvhS
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Esta comisión podrá despedir y contratar personal con base en la ley y realizar consultorías. Así como gestionar fondos para proyecto urgentes como las placas vehiculares o pedir dinero para ampliar investigaciones de auditorías internas.
Intervención del Instituto de la Propiedad
Luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara la intervención del Instituto de la Propiedad (IP), el pasado viernes 31 de mayo salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el decreto que autoriza la intervención en la estatal.
La intervención está basada en las facultades contenidas en el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública. Así como todas aquellas facultades que legalmente le corresponden y que le son otorgadas en el decreto.
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En ese sentido, la Comisión Interventora del IP estará a cargo de la administración y funcionamiento de la entidad. Deberá establecer las condiciones adecuadas para que se investigue a fondo lo actuado. Igualmente, dictar las recomendaciones administrativas y jurídicas necesarias para la aplicación de la ley. A su vez, la interventora debe materializar las soluciones para que la institución retome sus funciones y estabilidad.
