TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Está en evidencia el mal uso de los recursos asignados para la atención de la pandemia. Se ha extendido carta libre para hacer compras directas y poner en el escenario a los intermediarios que siempre se aprovechan», expresó la socióloga Julieta Castellanos.
La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuestionó este domingo, el mal manejo que se ha dado a los recursos económicos durante la pandemia en Honduras. Dejando entrever su indignación por los continuos actos de corrupción que envuelven al país y que, se agudizaron con la crisis sanitaria a causa del Covid-19.
En entrevista a una radio local, Castellanos, señaló que los culpables además de salir beneficiados con grandes sumas de dinero; también, evaden sin preocupación alguna la justicia.
«Nunca se ha castigado a los funcionarios de alto rango, porque los señalamientos se han quedado en los mandos intermedios», aseveró.
De igual forma, calificó que existe una notoria descoordinación por parte de las autoridades en la utilización de los recursos. Preguntando, «¿cuál ha sido el papel de los funcionarios en la planificación de acciones? ¿asignación de recurso?».
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Impunidad
Castellanos, es del criterio que las acciones ineficientes, llevadas a cabo en el lapso de la pandemia, han terminado de derribar la poca confianza -que quizás- la población tenía en las instituciones.
«¿Quién autorizó a Invest y a Copeco para culminar las compras de equipo y de insumos. Allí hay que enfocar la deducción de responsabilidades», indicó.
Con todo ello, la socióloga, infirió que tomando de base la justicia hondureña en actos anteriores e incluyendo los relacionados a la crisis sanitaria, «la experiencia de combate a la corrupción en el país ha sido un fracaso».
Y agregó que, «no ha habido ningún escándalo de corrupción que haya sido llevado hasta las últimas consecuencias». Estas son «bandas de corrupción que operan en la impunidad. Las acciones para deducir responsabilidades se quedan solamente en los personajes de mediana y baja participación en esos actos».
En suma, cuestionó el porqué «no se llega hasta los políticos que son quienes dan las órdenes para la ejecución de actos de corrupción». Seguido del reclamo por la inoperancia, en no proceder a la suspensión inmediata de los implicados en los actos; todavía no esclarecidos.
Castellanos, concluyó que «en Honduras no se está enviando un mensaje claro de que se quiere combatir la corrupción.Todo esto ha exhibido muy mal al gobierno, es una exhibición de improvisación y de falta de visión».
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