Tegucigalpa, Honduras. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez dio resolución en el caso Pandora II, donde involucra a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio «Pepe» Lobo Sosa, aceptando una fianza de seis millones cada uno.
Silva detalló que a petición de las partes procesales aplicaron medidas distintas a la detención judicial de «Pepe» y el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, ambos acusados por fraude.
En ese sentido, en el caso de los primeros seis exfuncionarios sometidos a la justicia, se determinó medidas cautelares que incluye una caución a favor del Estado, por un monto de 6 millones de lempiras. Esta puede ser pagada con una hipoteca, un bien inmueble o con dinero. Así mismo, tienen prohibido salir del país, informó en un comunicado el Poder Judicial.
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#JuezNatural a petición de partes procesales, dicta medidas distintas a la detención judicial a los 6 imputados.
Prohibido salir del país, firmar 2 veces al mes en la #CSJ y rendir Caución por valor de 6 millones de lempiras.
Audiencia Inicial quedó agendada para el 10 de enero. pic.twitter.com/N4vMnkZBJE— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 13, 2023
Los implicados deberán firmar el 15 y 30 de cada mes en el registro biométrico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, no podrán salir del país, con excepción de Jhony Handal Lilia María Bográn, por problemas de salud; no obstante, deberá notificar su salida tanto con fechas de retiro como de ingreso.
La audiencia inicial la programaron para el próximo 10 de enero del año 2024.
Ministerio Público pidió que pagaran 290 millones
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, afirmó que solicitaron al juez que los imputados pagaran el monto total por el que se les acusa.
«Nosotros solicitamos que fuera acorde con los 290 millones que se sustrajeron a través de la fundación«, expresó.
Seguidamente, afirmó que el Caso Pandora II es una «caja abierta» y existen líneas de investigación contra otros exfuncionarios.
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Detalles del caso
De acuerdo a la investigación de la UFERCO, la acusación del expresidente Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en campañas políticas.
Utilizando la creación de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres, los fondos habrían llegado a los movimientos “Azules Unidos”, “Amigos de JOH”. También llegaron a la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus campañas departamentales, según la acusación.
Además, involucran al expresidente Lobo Sosa por el traslado de fondos de una secretaría a otra. Según la acusación, esto se habría hecho para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por Juan Orlando Hernández, teniendo una “participación directa”.
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Otros exfuncionarios
Asimismo, las indagaciones señalan que el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, desde la Sefin aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras. Mismos que habría traspasado a la fundación “Todos Somos Honduras”.
Por su parte, al resto de exfuncionarios se les acusa de conformar una presunta red de corrupción entre los años 2010 y 2013. Esta habría tenido el fin de la aprobación de desembolsos de fondos públicos por 288,016,175 lempiras. Estos habrían trasladado hasta las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”.
Según las acusaciones, en dicho traspaso de fondos participaron como instituciones el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
