TEGUCIGALPA, HONDURAS. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ), llegaron este miércoles a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), para realizar investigaciones en torno a supuestas adopciones fraudulentas de menores.
Elementos de ambos entes del del Ministerio Público efectúan inspecciones y otras diligencias en la institución. Las irregularidades detectadas serían por denuncias de adopciones de menores que le otorgó la Dinaf a personas extranjers.
Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, detalló que «las inspecciones se están haciendo en el departamento de archivo de la Dinaf sobre 34 expedientes, por supuesto delito de adopción acogida o guarda fraudulenta, que de acuerdo a denuncias se han otorgado a extranjeros».
Lea además: Gobierno ordena suspensión y liquidación de la DINAF
Los 34 expedientes serían de niños declarados en «abandono», por lo que se analizan mayores detalles, para ver cómo es que se dieron las adopciones.
De la misma manera, Galindo destacó que el Ministerio Público (MP) ya está tras otras diligencias que puedan surgir de este caso, para así poder darle trámite a las denuncias y construir el expediente investigativo.
Responsables de las adopciones
También, el portavoz de la ATIC sentenció que estas acciones investigativas van encaminadas a dar con el paradero de los responsables. En consecuencia, no se descartan próximos requerimientos fiscales.
«Esto está encaminado primero a determinar si las denuncias públicas sobre estas acciones fraudulentas son ciertas. De igual forma, para determinar si estos 34 expedientes de menores de edad, en efecto los dieron en adopción y a quiénes. También las fechas en que se otorgaron y el procedimiento que se hizo en estos últimos años», declaró Jorge Galindo.
En mayo del presente año, la ATIC y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) efectuaron inspecciones, solicitud de información, citaciones, entre otras en la DINAF, por la supuesta comisión de los delitos de cohecho impropio y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documento en custodia.
