Redacción. Alrededor de 220 mil familias son afectadas por las invasiones de tierras, según datos de la iniciativa privada, fenómeno que pone en peligro la productividad, el acceso a empleo y la inversión extranjera, puesto que esta problemática ha escalado a un un mal casi incontrolable en Honduras.
Un estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) revela que las invasiones dejan una pérdida aproximada de 220 mil empleos. Es decir, perjudica a miles de familias por el cierre de empresas que se ven en la obligación de frenar sus labores por tener usurpada su propiedad.
Denuncias
Uno de los casos más mencionados por invasiones de tierras es el de una empresa azucarera en el norte del país, AZUNOSA. Este caso ya dejó a 20 mil trabajadores sin sustento económico ya que no pueden desarrollar sus labores diarias en los predios donde opera la empresa.
Puedes leer: CCIT: No hay avances en el conflicto de invasiones de tierras
Ante las circunstancias, el pasado jueves 29 de febrero, mediante un comunicado, la empresa exigió a los invasores que les respeten el derecho a trabajar, debido a que se apropiaron de tierras que legalmente son utilizadas para la producción.
Ese día, a través de un dictamen de los juzgados de El Progreso, Yoro, se había ordenado a la Policía Nacional proceder al desalojo de los invasores que desde hace meses usurparon las tierras pertenecientes a la azucarera.
Sin embargo, ante la presencia policial, los invasores reaccionaron violentamente. Utilizaron machetes y piedras, dejando algunas personas heridas, entre ellas, empleados de la azucarera y policías.
Tras el incidente, circularon imágenes por las redes sociales donde se aprecia a los iracundos invasores empuñando machetes. Además, se los ve lanzando piedras a un camión de carga perteneciente a la azucarera.
Mira el video:
[jwp-video n=»1″]
Días después, el pasado lunes 5 de marzo, la compañía denunció invasiones ilegales, de manera reincidente en sus fincas de cultivos de caña. De acuerdo a la denuncia, estos grupos no solo entran de manera ilegal, sino que también agreden a empleados. Incluso, destruyen varios cultivos de azúcar, desencadenando pérdidas millonarias.
Tierras afectadas
Por su parte, Olvin Mondragón, representante del COHEP ante la Mesa Interinstitucional Contra la Invasión de tierras, nombrada por la presidenta Castro para enfrentar esta problemática, asegura que más de 46 mil hectáreas de tierra están invadidas hasta la fecha.
«Es una cifra sumamente alta y este es un tema que se tiene que tratar con la prontitud, ya que esto genera una mala imagen hacia el país», detalló.
De igual forma, los datos obtenidos por la iniciativa privada, detectaron que la zona norte del país, es donde más se percibe este tipo de actos ilegales por parte de grupos organizados, específicamente en Atlántida, Yoro y Choluteca.
Consecuencias
El representante de la Empresa Privada agregó que, como resultado de ese flagelo, las empresas se vieron obligadas a detener su actividad comercial. Y esta situación impacta también en la atracción de inversión extrajera por la inseguridad jurídica que representan las invasiones.
A su vez, Mondragón indicó que al menos 2,400 millones de dólares han dejado de invertirse producto de las invasiones. Incluso destacó que muchos desempleados se ven orillados a abandonar el país.
«Se necesitan crear fuentes de empleo para que las familias no estén saliendo rumbo Estados Unidos a exponer su vida. Aquí, si nos sentamos gobierno, empresa privada, sociedad civil, se crean políticas de empleo. Aquí yo le apuesto que la gente no se iría», añadió.
Rubros perjudicados
En relación a las tierras apropiadas de manera irregular, Mondragón precisó que cultivos de palma africana, de caña de azúcar, café, banano, cacao, rambután (licha) y piña, también son sacrificados por ese dilema. Incluso, la minería, sector electricidad y la ganadería se ven afectadas.
Además, Mondragón destacó que es un tema que no disminuye su proliferación, ya que han irrumpido hasta en fincas bananeras, las cuales nunca habían tenido problemas de esta naturaleza, pero que ya las están cerrando. «Ahora nos toca comprar banano a Guatemala, imagínese. De ser los máximos productores de banano, ahora estamos trayendo banano de Guatemala a nosotros», amplió.
Explicación del INA
Por otro lado, Francisco Fúnez, director del Instituto Nacional Agrario (INA), confirmó que las indagaciones en cuanto a los sembradíos de palma africana es un problema que existe desde mucho antes.
«Las cifras notan que en el 2020, las tierras tomadas eran de palma, eran 6.000 hectáreas de tierra. En el año electoral, pasaron de 6.000 a 18.000, aumentaron 12.000 hectáreas. Y eso es desde el mes de junio del 2020 hasta diciembre de 2021 y la dictadura permitió, para ganar votos, hasta fomentó en Colón las tomas de tierras», declaró Fúnez.
Fúnez sostuvo que ellos son responsables de decir la verdad, dado que durante el actual gobierno se han tomado 10.000 hectáreas de tierra de palma africana y que la Comisión Agraria y que el INA no están encargadas de ningún desalojo.
«Al INA no le toca esa labor, lógicamente su servidor es el coordinador. Pero ahí tenemos a la Corte, tenemos la Fiscalía, tenemos al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad», aclaró.
Fracaso
Ante la falta de respuestas del INA, como ente rector en la Mesa Interinstitucional Contra la Invasión de Tierras, representantes de la Empresa Privada calificaron como un total fracaso el funcionamiento de la misma. De acuerdo a cifras del COHEP, las invasiones ya suman pérdidas de al menos $ 2,400 millones, es decir unos L60,000 millones.
A su vez, representantes de la iniciativa privada lamentaron no haber sido tomados en cuenta por parte de la Mesa Interinstitucional para buscar soluciones al problema.
«Creo que quienes integran la comisión no les interesa el sector empresarial ni la propiedad privada. Da la impresión de que quieren que siga el desorden», sentenció Armando Urtecho, director ejecutivo de la Empresa Privada.
Puede interesarte: Denuncian fracaso de mesa interinstitucional contra la invasión de tierras
Sin avances
En relación a la falta de soluciones para dar fin a la irrupción ilegal de tierras que atraviesa el país, Daniel Antonio Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), expresó su preocupación por la falta de avances para finalizar con el conflicto.
Fortín señaló que la ausencia de progreso en las conversaciones sobre este tema representa un peligro para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país.
«La mesa del diálogo la seguimos esperando. Aunque las conversaciones no paran, no hemos llegado a nada. No hay avances y ese es el problema, eso es sumamente peligroso porque el tiempo va pasando, la cosecha se pierde«, lamentó.
Este flagelo, que acecha hace más de cuatro años al país, deja un rostro espantoso a la imagen de Honduras ante la inversión transnacional. Además, se convirtió en una pesadilla para los más 220 mil hondureños que se quedaron sin ingresos para alimentar a sus familias a causa de estos ilícitos.