TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las autoridades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH), revelaron un informe donde especificaron que por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía Nacional, murieron durante las protestas en el periodo electoral del país.
Cabe señalar que el documento detalla que al menos 16 víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.
Además, señala el texto que en la situación política ocurrieron 15 muertes violentas. Entre ellas figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas. Esto, en el periodo anterior a las elecciones del pasado 27 de noviembre.
Asimismo, destacan que miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal, para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales”.
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Manifestantes
Según la ACNUDH, “los manifestantes sufrieron lesiones graves, esto, por parte de las fuerzas de seguridad. Mismas que hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego. Incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”.
“En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza”. Establece el documento que dio a conocer María Soledad Pazo; representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”. Indica el informe.
Cabe señalar que hasta el 27 de enero, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Esto, en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Sin embargo, en el informe se pide a las autoridades que restrinjan el uso de la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley. También que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Sobre esto María Soledad Pazo mostró su preocupación por que “todos los casos se encuentran en la impunidad”.
