Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), mediante un informe dio a conocer que en las pasadas elecciones generales en Honduras, las fuerzas de seguridad de Honduras utilizaron “una fuerza excesiva, incluso letal” para controlar las protestas originadas tras los comicios.
Asimismo, la OACNUDH aseguró que al menos unas 23 personas perdieron la vida de forma violenta en el proceso pos-electoral en el país.
En ese sentido, según este organismo internacional, al menos unas siete personas murieron por disparos en la cabeza; estas “podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, cita el informe.
Asimismo, en el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente, el 27 de enero.
De tal forma, se señala que al menos veintidós civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Dieciséis de estas víctimas -entre ellas dos mujeres y dos niños- resultaron muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.
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El informe documenta también las muertes de otras quince personas antes de las elecciones. Entre estas muertes mencionadas, figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas.
Ejecuciones
En relación a las siete personas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza, las Naciones Unidas señala que: “Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”.
En ese sentido, hasta el 27 de enero no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Esto en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Arrestos masivos
De la misma forma, la OACNUDH también citó que unas 1,351 personas fueron detenidas. Hecho ocurrido entre el 1 y el 5 de diciembre.
Las anteriores han sido acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción; este mismo se declaró el 1 de diciembre.
Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación “resultando en arrestos masivos e indiscriminados. Y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación”.
En el documento también se destacan las “alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto o detención”.
Además se denuncian allanamientos ilegales de viviendas. Así como un aumento de las “amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación; así como contra activistas sociales y políticos”.
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009. Y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social», cita el texto.
De esta forma, el documento pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas.
Asimismo, Naciones Unidas pide que se regule el uso de la fuerza por parte de todos los cuerpos de seguridad.
De igual forma, se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
Diálogo político
Por último, el informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo. Esto, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
En ese sentido, este lunes se instaló una mesa técnica de diálogo para terminar la crisis que vive el país.
