VALLE, HONDURAS. Elementos de la Policía capturaron a dos ciudadanos en posesión ilegal de más de 9 mil dólares en la aduana del Amatillo, departamento de Valle, zona sur del país.
A los dos sujetos se les supone responsables del delito de lavado de activos, por tanto, tendrán que responder ante las autoridades competentes.
Además de trasladar de manera irregular los dólares, los dos sospechosos cargaban una gran cantidad de lempiras en efectivo.
La operación policial estuvo a cargo de los funcionarios asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acompañados de la Dirección Nacional Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
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¿Quiénes son los detenidos?
De acuerdo con el reporte de la Policía, uno de los detenidos es originario y residente del municipio de Guayape, Olancho, y en la actualidad cuenta con 36 años de edad.
Entre tanto, el segundo detenido es un joven de 24 años, originario y residente de la aldea de Las Minitas, ubicada en el municipio de Orica, Francisco Morazán.
Al momento de su detención, se procedió también al decomiso de los siguientes elementos:
- Un total de 9 mil 160 dólares en billetes de distinta denominación. Este monto equivale a más o menos 223 mil 778,080 lempiras.
- 66 mil 418 lempiras en efectivo, en billetes de distintas denominaciones.
- Una camioneta en la que se transportaban.
- Un teléfono celular.
Los acusan de lavado de activos
A ambos ciudadanos se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. En ese sentido, los van a remitir a la fiscalía de turno luego de realizar el respectivo informe investigativo.
El artículo 37 de la Ley de Lavado de Activos señala que debe ser sancionado de seis a 15 años de reclusión quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: procedan directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, estafas o fraudes financieros en las actividades de la Administración del Estado, entre otros.
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