TEGUCIGALPA, HONDURAS. En el marco de la “Operación Arcano”, el Ministerio Público (MP) solicitó a un juez de Privación de Dominio nacional el aseguramiento de 353 bienes de origen ilícito a cinco personas vinculadas a Jorge Barralaga y Digna Valle.
De acuerdo con la fiscalía, entre los bienes que aseguraron las autoridades se encuentran:
- Negocios
- Vehículos
- Equipo pesado
- Diferentes productos financieros.
El MP compartió en su comunicado que los implicados en la operación son Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez.
Asimismo, estas personas habrían utilizado sus empresas en los rubros de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades de crimen organizado.
También, las autoridades del MP vinculan los bienes de estas cinco personas con Jorge Alberto Barralaga Hernández, José Orlando Leiva Natarén y Digna Valle Valle.
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Cartas de libertad
En este sentido, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional brindó un fallo absolutorio para los cinco hondureños por el delito de lavado de activos.
De igual manera, el MP manifestó que el tribunal sentenciador obvió toda la argumentación del equipo fiscal, por lo que otorgó “erradamente cartas de libertad con base a las polémicas reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional”.
Empresa INCOBE
Asimismo, el ente investigador informó que los hechos datan de julio de 2014, cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) recibió denuncias sobre la existencia de una empresa denominada INCOBE.
En este sentido, esta empresa operaba en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Puerto Cortés, y su propietario era Rigoberto Benítez Guerra.
Crecimiento económico sin justificación
Asimismo, según el MP, la compañía tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
Además, la investigación identificó que durante el crecimiento desproporcionado, se registró la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo.
Del mismo modo, aseguraron que se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros.
Por lo tanto, se estableció que no tienen justificación económica de la lícita procedencia sobre las adquisiciones, traspasos y traslado de activos.
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