Tegucigalpa, Honduras- Pobladores de varios municipios de Tocoa, Colón, seguirán su lucha contra las operaciones mineras de la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, ha hecho pública su posición.
A través de un Comunicado, el comité ha advertido que no negociaría sobre la defensa del recurso natural que explota Inversiones Pinares.
También expresaron su rotunda negativa a la posibilidad de permitir que continúe la contaminación de sus ríos.
“La postura de rechazo a la minería es fuerte e insoportable”:Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos
También responsabilizan al Gobierno por “haber creado la situación dramática que vivimos”.
“Las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuertes, y no cabe la negociación”, advierten.
La actividad minera desarrollada por Inversiones Pinares, está afectando directamente las fuentes de agua que abastecen las comunidades de la zona.
Ante la posibilidad de negociar con el estado y la empresa, los pobladores definieron “las causas que volvieron inútiles los dos días de diálogo con personeros del gobierno e Inversiones Pinares.
“La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa”.
Estas negociaciones se volvieron inútiles. Ya que, según lo expresado en el comunicado, las autoridades se enfocaron en responsabilizar a los pobladores de no permitir la libre circulación en la zona.
Esto, en vez de atender las peticiones consensuadas por las diferentes comunidades que se están viendo afectadas.
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Pobladores temen enfrentamiento entre comunidades
“Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la Asamblea Popular y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano”.
No obstante, algunas comunidades están de acuerdo con la explotación minera; pero el rechazo por las demás ha sido más enérgico y organizado.
A más de 15 días de mantener dicho campamento en defensa de sus recursos no se ha podido llegar a un acuerdo y las aguas de los ríos siguen siendo contaminadas.
Origen del conflicto
En el año 2013, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, otorgó a Inversiones Pinares, la concesión. Esto para explotación de óxido de hierro.
Esta concesión fue adjudicada por un periodo de 10 años, y está considerada dentro de la categoría de no metálicas.
En ese sentido, para realizar la extracción la empresa ha realizado trabajo de excavación, remoción y construcción de carreteras.
Esto ha provocado la contaminación de los ríos que abastecen de agua potable a las comunidades. Viéndose de esta forma violentado el derecho al agua.
Los ríos afectados por el arrastre de sedimentos son: La quebrada Ceibita, Río San Pedro y Río Guapinol.
Estos trabajos de explotación han provocado que por estos fuentes hídricas parezca que fluye chocolate.
En consecuencia, los pobladores en vez de recibir agua potable en sus llaves, los que les llega es lodo.
Ante esta situación los pobladores se tomaron el paso a la mina en defensa de esos recursos naturales.
Dicho campamento lleva ya instalado más de 15 días.
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Autoridades Locales se llaman al Silencio
El actual alcalde del municipio de Toca, Adán Fúnez del partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha llamado al silencio ante esta situación.
Fúnez, el 14 de mayo interpuso una denuncia en el Comisionado de Derechos Humanos contra la población que defiende el río y se opone a dicha explotación.
Los pobladores lo señalan como cómplice de la ex corporación municipal que aprobó el proyecto. El ex Alcalde Héctor Hernández junto a 5 regidores aprobaron la entrada de empresas mineras el 20 de enero 2014.
