Familias de depuradores comienzan a dejar Honduras por amenazas

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Comisión depuradora.

TEGUCIGALPA. Primero fueron simples avisos a sus puertas, ahora las familias de algunos miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional se han visto extremadamente amenazadas, al punto de abandonar el país.

La familia de Carlos Hernández ya salió de Honduras por las amenazas de las últimas semanas, Hernández dijo que “lamentablemente esa es una situación que se dio, es una situación compleja, difícil, pero creo que aquí lo más importante es que toda la Comisión de Depuración, los asesores, seguimos en Honduras trabajando con fuerza, con determinación para que este trabajo pueda realizarse y llevarse a feliz término”.

“En Honduras debe haber seguridad para todos, porque son muchos los hondureños que están expuestos a situaciones de inseguridad cada día”, indicó, para comentar que siente tristeza por aquellos que no pueden sacar a sus familias del país.

Importante: Se ha evaluado a 272 oficiales de la institución, de los cuales ha decidido cancelar 106, entre los que se encuentran generales directores, comisionados generales, comisionados, subcomisionados y comisarios.Actualmente están en el proceso de evaluación de 156 subcomisarios.

«Lamentablemente mi esposa y mis hijos han salido del país y otros miembros de la Comisión de Depuración están tomando las mismas decisiones porque lo que se viene en los próximos meses es muy fuerte, pero hay que seguir trabajando, ya que como padres responsables es mucho más tranquilo estar acá con mucho esfuerzo, y vamos a continuar en este trabajo y no nos detenemos”, puntualizó.

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Por su parte, Omar Rivera también estaría sacando en las próximas horas o días a su esposa e hijos por las constantes intimidaciones.

Omar Rivera, manifestó que “esta es una etapa histórica de la vida institucional del país que no admite punto de retorno, independientemente de cualquier amenaza y riesgo que se pudiese presentar para los miembros de esta comisión o de la Secretaría de Seguridad”.

El Pastor Alberto Solórzano se pronunció la mañana de este miércoles y dijo que «el tema se ha procurado manejar con discreción, hemos recibido muchas amenazas, pero estamos dispuestos a seguir trabajando, es una pena que se tenga que llegar a este tipo de momentos, cuando lo que se busca es colaborar y quitar a quienes le han hecho daño al país,».

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Solórzano agregó que de momento él no piensa sacar a su familia, ya que su confianza está puesta en Dios, pero si ha sido desestabilizado emocionalmente y se ha movido de casa; no obstante, el país no puede esperar y no se pueden acomodar, por lo que ya es hora de practicar lo que les corresponde porque de lo contrario sólo sería discurso.

Arabeska Sánchez enfatizó que la Comisión Especial está haciendo un trabajo importante en Honduras, ya que la Policía Nacional es una institución tan noble que no merece albergar malos funcionarios, además la comisión ha hecho un trabajo justo porque se ha ratificado  quienes han mostrado una buena conducta y ha concedido el retiro voluntario de algunos, también ha remitido al Ministerio Público las hojas de vida sobre los cuales quienes recaen actos de corrupción. Sánchez también puntualizó a la Comisión que debe crear dos mecanismos, el de dar seguimiento a los oficiales separados de su cargo y establecer un proceso de disciplina interna para que lo malo ya no pase.

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SÉPALO

El Presidente Juan Orlando Hernández juramentó a los tres miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía, responsabilidad que recayó a inicios de marzo, como se había adelantado, en Vilma Morales, Omar Rivera y el Pastor Alberto Solorzano.

Esta comisión, junto con el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, tendrá durante 12 meses la labor de limpiar de corrupción a todo el aparato policial, gozando de la potestad de poder suspender, separar y despedir a policías que hayan cometido delitos, sin que el Estado tenga alguna responsabilidad civil o laboral.

Los tres comisionados además pueden dirigir hacia el Ministerio Público casos de corrupción dentro del cuerpo policial que pudieran ser considerados delitos para que se levanten cargos y se reduzcan responsabilidades.