TEGUCIGALPA. Un fallo emitido en el año 2010 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría ser la mejor arma de defensa de los padres de los payasitos sampedranos.
Estos como se sabe, fueron procesados por el Ministerio Público por el delito de mendicidad. Se trata de la resolución “Casación Penal S.P. 310/2010” emitida por la Sala de lo Penal del máximo tribunal del país.
En esa resolución la CSJ dio un revés al Ministerio Público luego que presentara un recurso en un caso similar.
La semana pasada, David Alexander Abrego y su mujer, Claudia Rosmery Erazo, fueron detenidos y procesados tras un proceso por mendicidad que les abrió la Fiscalía sampedrana.
Dice el requerimiento fiscal que los menores entretenían a los pasajeros de los buses y que sus padres se valían de ellos para agenciarse recursos económicos.
Ya en el pasado, el Ministerio Público también había acusado a Martha Aracely Alvarado Alvarez por mendicidad al pedir en un semáforo de San Pedro Sula para las medicinas de su hijo con hidrocefalia.
Sépalo
Según la acusación, los padres vestían de payasos a sus cuatro menores hijos y abordaban los buses.
Esto lo hacían en El Progreso y San Pedro Sula. Aquí en el bulevar del norte.
La imputada fue declarada inocente por un tribunal de sentencias de San Pedro Sula. Luego la fiscal Ana Gabriela Flores, en representación del Ministerio Público, presentó un recurso de casación. Este fue declarado sin lugar por la Suprema Corte.
UN FALLO DEL PASADO QUE SERIA ÚTIL A LA DEFENSA
En aquel fallo, la Sala de lo Penal hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio Público. La observación la hizo por el costo que generó el proceso al ocupar tiempo-recursos de diferentes instituciones.
Pero lo más importante, dijo la CSJ, es el costo que en la vida de la persona acusada significó, al no sólo tener que sortear la dificultad de tener que atender a su hijo con una enfermedad permanente.
Esta señora además tuvo que hacerle frente a una acusación criminal incoada por el Estado. La imputación era consecuencia de una conducta (mendicidad), “que no es más que el reflejo de las condiciones económicas imperantes”, agrega el fallo.
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La Sala Penal le dijo al Ministerio Público que reconozca que existe desatención y descuido estatal para brindar oportunidades de empleo. Y, aún más, por la falta de programas de atención efectiva para la niñez.
Padres de los payasitos y la Mendicidad
El Ministerio Público, en su política criminal, debería de hacer ésta misma reflexión. Así como direccionar su esfuerzo y recursos a los casos en donde exista el mérito de persecución estatal, afirmaron los magistrados de casación.
La Sala, ya ha reiterado en otros casos similares que el Ministerio Público defina una adecuada política institucional. Esto para que se priorice la persecución de determinados delitos. Especialmente, los que más afectan a la sociedad, dice el fallo.
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Esa priorización debe atenderse según su gravedad e impacto social, en todas sus instancias hasta llegar a la casación, añade.
