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lunes, noviembre 18, 2024

Extienden nuevamente el estado de excepción en Honduras

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Redacción. El Congreso Nacional (CN) aprobó por novena ocasión una nueva prórroga para ampliar el estado de excepción en Honduras, medida que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suspende los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales, además de otorgar facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Con esta nueva decisión, la medida ya llevaría más de un año vigente en el territorio nacional. La prórroga contó con 65 votos a favor y 43 en contra. Ahora, el nuevo período del estado de excepción será del 6 de abril hasta el 19 de mayo del actual año.

Fue ayer en horas de la noche que las máximas autoridades del Congreso Nacional aprobaron extender el programa de seguridad.

Honduras 1 de enero el estado de excepción
El Gobierno busca acabar con el crimen organizado.

Vea también: Gustavo Sánchez rechaza el informe sobre inseguridad de la ASJ

Logros 

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que durante el estado de excepción se han logrado incautar 12 mil 173 armas de fuego de diferente calibre, a nivel nacional.

La medida del estado de excepción entró en vigencia el 6 de diciembre del 2022, por un periodo de 30 días. Sin embargo, desde ese momento ha ido experimentando nuevas ampliaciones y hasta la fecha, se mantiene vigente.

De acuerdo con una publicación del ministro de Seguridad en «X», el estado de excepción busca combatir las maras y pandillas en Honduras.

Gustavo Sánchez
Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación por la duración prolongada de la suspensión de garantías constitucionales en el marco del estado de excepción (PCM 29-2022).

OACNUDH ha recibido información sobre algunos casos que se habrían cometido en el marco de la implementación del estado de excepción y que podrían constituir violaciones de derechos humanos, tales como detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, abusos durante allanamientos de morada sin orden judicial y desapariciones forzadas, especialmente cometidas en contra de jóvenes de estratos sociales de bajos recursos.

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