Julio César Arita
En los actuales momentos de una profunda crisis política, caracterizada por la pérdida de institucionalidad jurídica y vigencia plena de un estado de derecho, resulta inadmisible pensar en la posibilidad de una reelección presidencial. Sin embargo, en nuestro país, donde suele ocurrir hasta lo inaudito, todo parece indicar que no obstante el enorme descrédito del actual gobierno nacionalista, su Presidente no renuncia a esa ilusión; en tal sentido, fiel a su eslogan de campaña política, hará todo lo que sea necesario para salir adelante con su gran objetivo, la consolidación de una dictadura, que debido a sus extraordinarios niveles de corrupción e impunidad, no parece tener ninguna posibilidad de lograr.
Pensar lo contrario significaría desestimar, en grado extremo, la inteligencia y la moral de un pueblo que, hastiado de tanta inmundicia, no parece estar dispuesto a seguir tolerando el actual estado de ilegitimidad.
Esto, no necesariamente significa que la reelección, por sí misma, sea lesiva a los principios de una democracia. El pueblo es soberano, y en ejercicio de esta facultad, bien podría no solamente decidir sobre la continuidad de un gobernante, que por su capacidad y acrisoladas virtudes de estadista así lo mereciese, sino también sobre la eventual revocatoria de un Presidente, que alejado del mandato popular, transgreda los principios y los estamentos legales que regulan la administración pública.
Desafortunadamente, Honduras aún no se encuentra a las alturas de estos procesos democráticos, que algunos países hermanos de América Latina han comenzado a transitar; muy bien lo ejemplarizan. Bolivia, Ecuador y Venezuela en América del Sur; Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, a nivel Centroamericano; Guatemala, al menos, destaca por su más reciente iniciativa al instalar la Comisión Internacional de lucha contra la corrupción y la Impunidad y la actual captura de su Vice-Presidenta, Roxana Baldetti.
El punto más oscuro de la franja centroamericana continúa siendo Honduras; pero a igual como ocurrió, cuando desde Guatemala nos llegaron los pliegos de la independencia del Gobierno Español en 1821, hoy parece ser que los vientos purificadores, de esta hermana república, también han llegado a la conciencia del pueblo hondureño, para emprender una noble cruzada que tiene como un gran objetivo el rescate de la institucionalidad y la seguridad jurídica para un efectivo combate de la corrupción y la impunidad. Se trata, entonces de un movimiento genuinamente democrático, que más allá de cualquier sentimiento político de tipo partidista, enarbola la bandera de la dignidad nacional; un movimiento que no suplanta a las instituciones políticas, sino que las conmina a desempeñar con espíritu cívico y patriótico el rol histórico que el pueblo demanda para alcanzar una real democracia.
La marcha de las antorchas es, sin duda alguna, la columna vertebral de un movimiento reivindicativo espontáneo que nace en las calles, y que tiene como punta de lanza el combate a la corrupción y la impunidad; su complemento tendrá que ser el accionar de todas las organizaciones políticas y sociales, que imbuidas del más alto patriotismo, compartan los nobles sentimientos de una juventud que ayer recriminamos por su indiferencia, pero que en este momento histórico, cuando más la necesitamos, se ha hecho presente, solidariamente acompañada por la inmensa mayoría del pueblo hondureño.
Hoy corresponde a estos partidos políticos y demás organizaciones sociales, hacer la lectura correcta de esta demanda; el pueblo exige unidad en torno a principios democráticos y a un plan de reivindicación jurídica institucional; en caso contrario, aún y cuando lo consideremos fuera de toda racionalidad ética y moral, al hacer caso omiso de esta aspiración, solamente estaremos alimentando, por mezquindades partidarias, el espejismo amenazante de una reelección presidencial.
