Redacción. La Cámara de Comercio e Industrias del Litoral Atlántico (CCIA) lamentó, mediante un comunicado, la inseguridad jurídica existente en el país ante invasiones de tierras, lo que genera desempleo y ahuyenta la inversión.
Además, exigió al Gobierno tomar acciones legales ante una situación que calificó de «acción extorsiva» derivada de la usurpación de tierras y el robo de cosechas en propiedades privadas.
A través de un comunicado, los empresarios recordaron las garantías que la Constitución de la República garantiza, tales como el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
De igual manera, pidieron al Gobierno que de manera urgente se agilice la inversión en la infraestructura básica para el desarrollo de la región. Esto contempla:
- La reparación de carretera CA-13, desde El Progreso hasta Trujillo
- Energía eléctrica fluida con costos competitivos
- Otorgar categoría superior en aeropuerto Golosón, con una aduana bimodal
«Solicitamos a Gobierno Central que actúe con prontitud y diligencia para salvaguardar los derechos de los propietarios y empresas sobre sus activos. También generar la inversión en infraestructura que requiere nuestra región litoral atlántico para desarrollar y seguir generando empleos y aportando el PIB», reza el comunicado.
Saúl Alemán, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa, dijo que “hemos andado queriendo que nos resuelvan ese problema. Pero en sí, temas como las invasiones nos tienen desesperados”.
Además, agregó que pretenden desarrollar la región de manera conjunta “con todas las características buenas que tiene el litoral atlántico», aunque reconoció que «con estas situaciones (las invasiones de tierras) casi no dan ganas de seguir trabajando, porque no se sabe para quién se está trabajando”.
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La matanza de unos 40 cocodrilos por parte de invasores en la Fundación Biológica Educacional Jaime Rosenthal Hidalgo (FUNBIOROSEN), ubicada en San Manuel, Cortés, ha despertado nuevamente las alarmas sobre esta problemática.
Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se pronunció sobre el problema. Él manifestó su preocupación por las invasiones a la propiedad privada.
«Esperamos que las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busquen un mecanismo ágil para que estos conflictos no se degeneren en el tiempo. Justicia tardía, no es justicia. Estos problemas deben resolverse en 48 horas», externó.
Señaló que los propietarios no pueden estar acudiendo a un juzgado donde deben esperar uno o más años para resolver quién es el dueño de una propiedad.
Asimismo, lamentó que cuando sale la resolución, los invasores ya están instalados, han construido viviendas y no se puede hacer nada.