Empleados del BCH reciben exuberantes bonos que suman L86,2 millones

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Son las principales autoridades de la BCH los beneficiados con los suntuosos bonos, y estos van de acuerdo al salario nominal de dependiendo de su cargo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En plena crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, trascendió la entrega de bonos del Banco Central de Honduras (BCH) a 1,113 de sus trabajadores, cuyo pago en bonos suma la cantidad de 86 millones 250.425 lempiras.

Estos trabajadores no solo recibieron el jugoso bono sino también sus respectivos salarios, esto, ocurrió a tan solo quince días de haber iniciado el periodo de cuarentena en Honduras, o sea en el mes de marzo.

La ciudadanía ha manifestado que lo más lógico sería que en este período de crisis las autoridades y personas que representan entidades importantes del país estén enfocados en ayudar a los más desprotegidos, como a las personas que no tiene nada para comprar sus alimentos.

La ciudadanía ha resaltado que lo correcto sería buscar la forma de ayudar a las personas que tenían un negocio y que este quebró luego de la crisis económica en que han entrado, igualmente lógico, si fuera para ayudar a las personas que se han quedado en la calle por no poder pagar sus rentas, pero no, este no es el caso. Los beneficiados no son los más necesitados del país.

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¿Cuánto recibió el presidente y vicepresidente del BCH?

Según una tabla de sueldos del personal que labora en el BCH, los beneficiados de esta institución en este periodo de crisis por COVID-19, son 1,113 trabajadores. Entre ellos,  figura el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, quien encabeza la lista con un jugoso bono de casi medio millón de lempiras.

Son las principales autoridades de la BCH los beneficiados con los suntuosos bonos, y estos van de acuerdo al salario nominal de dependiendo de su cargo. Es por eso, que no es tan sorprendente que Cerrato haya recibido un bono de L 495.934, que sumándolo a su salario mensual de L 252.816, recibió un total de 678.903 lempiras con 82 centavos.

Por su parte, el vicepresidente del BCH, Carlos Espinoza, recibió un exorbitante bono de L 485.624 y sumado a su salario mensual recibió un pago de un pago de L 661.263, en el mes de marzo.

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Más bonos

Mientras tanto, los directores del BCH, Catherine Yamileth Chang Carías, Efraín Concepción Suárez Torres, Rina María Oliva Brizzio, también recibieron sus respectivos bonos de 471.644 y 467.767 lempiras.

La repartición de bonos, no se queda ahí, también hubo más, para dos “asesores” quienes se beneficiaron con L 406.678 y otros con L 460.242. Esta, es una práctica que pocos entes del Gobierno aplican.

Para culminar, otros montos en bonos resaltan la cantidad de L 400.000, entregado al gerente y otros bonos para los cuatro subgerentes. Además, los jefes de departamento recibieron más de L 200.000 lempiras.

Por otro lado, existen otros 72 empleados más supernumerarios, que no recibieron algún bono.

En conclusión, el costo de la política monetaria sigue creciendo cada vez más, sin embargo, no con el propósito de impulsar a la economía, sino para realizar el pago de más de más de 18 salarios, bonificaciones y hasta horas extras de los más de 1.200 empleados del BCH.

Sueldos del personal del BCH.

Cabe destacar que, el presupuesto del BCH supera los 10.400 millones de lempiras.

Bonos se deben a contratos

Respecto a los millonarios bonos, el BCH emitió un comunicado para responder al malestar de la población y a las consultas respecto a este beneficio.

Según la institución bancaria, la publicación que comprueba la entrega de jugosos salarios y bonos,  es la “evidencia de buenas prácticas y reconocimiento de la relevancia de la veeduría ciudadana”.

Aunque en realidad, esto solo es parte de lo que deben cumplir los entes de Gobierno, ya que es parte de la Ley de Transparencia que señala el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Además, señalaron que la relación laboral entre los colaboradores y el BCH se rige a través de un contrato colectivo. Indicaron, que este es ley entre ambas partes, y está amparado por la Constitución de la República, el Código del Trabajo y la Ley General de
la Administración Pública.