San Salvador, El Salvador. A finales de 2017 se dio a conocer que El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares entre 1989 y 2014 por culpa de la corrupción.
Esa cantidad antes mencionada equivale al 2,1% de su Producto Interno Bruto (PIB). En esas pérdidas está incluido el gasto «secreto» de la Presidencia y obras públicas, según un estudio.
El documento del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó los casos emblemáticos de corrupción del país vecino. Se refiere a que los delitos que, «además de manifestarse en el gobierno central, también afecta de forma a gobiernos locales. También a las entidades descentralizadas y a las empresas públicas».
El documento señala que resaltan los casos asociados a la Presidencia y a las obras públicas, que representan el 50 % y 33,5 %, respectivamente, del dinero malversado.
Dichos fondos se desviaron en cuatro periodos de gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y uno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Los presidentes del partido de derecha Arena que se aprovechado de su poder consecutivamente en los últimos años son:
1989 – Alfredo Cristiani
1994 – Armando Calderón Sol
1999 – Francisco Flores
2004 – Elías Antonio Saca
Cabe mencionar que estos exmandatarios han tenido procesos de investigación por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador y por la Corte suprema de Justicia.
En ese sentido, este día Elías Antonio Saca es el primer expresidente condenado por el delito de lavado de activos en ese país.
A Saca se le señaló por malversar 300 millones de dólares durante su gestión.
LEA LA NOTA COMPLETA: Condenan al expresidente salvadoreño Elías «Tony» Saca por corrupción
Mientras que en abril de 2014, la Fiscalía requirió a Francisco Flores bajo la acusasión de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia; falleció en 2016.
Luego de que el International Bank of Miami emitiera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por una transferencia de 10 millones de dólares, las autoridades de El Salvador lo empezaron a investigar. Al parecer desvió alrededor de 15 millones de dólares que donó el Gobierno de Taiwán.
En 2014, el expresidente estuvo cuatro meses prófugo y luego se presentó ante un juez que le concedió arresto domiciliario.
Por su parte, Carlos Mauricio Fúnes Cartagena fue Presidente de 2009 al 2014 por el partido de izquierda Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN).
También ha sido requerido por las autoridades de su país, pero recibió asilo político en Nicaragua y hasta la fecha sigue resistiéndose ante la justicia salvadoreña.
Se encuentra en medio de una investigación por cinco delitos; incluidos enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. El pasado 8 de junio la Fiscalía ordenó su captura.
Gran negativo impacto social
Según el informe del Icefi, con ese dinero el Gobierno y Congreso podían «fortalecer» a la Fiscalía y al sistema de justicia.
También se hubiese invertido en sanidad pública y en el sistema de educación, de acuerdo con el estudio titulado «La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano».
Tal despilfarro de dinero también dejo al menos a 477,000 mujeres «sin acceso a servicios de salud y de atención a violencia de género». También a 40,000 personas «sin alfabetizar y sin acceso a becas de educación media y técnica superior».
El documento, presentado en los tres países que componen el Triángulo Norte de Centroamérica, también analizó los casos de Honduras y Guatemala, que debido a las tramas de corrupción perdieron al menos 367,1 y 550,3 millones de dólares cada uno. Publicaron varias agencias y medios de comunicación.
La corrupción en estas naciones, según el Icefi, se da gracias a determinadas «características de democracias débiles o disfuncionales». Como ser «períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial».
El trabajo de la Corte Suprema de Justicia sigue porque también se hacen investigaciones administrativas contra 76 funcionarios, incluidos el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Todos los exgobernantes antes mencionados tienen irregularidades en sus declaraciones de patrimonio.
Específicamente los gobiernos de Francisco Flores, de Tony Saca y Mauricio Funes son responsables, de acuerdo con acusaciones de la Fiscalía, de participar en casos de corrupción estatal que equivalen al 7% de la deuda externa pública de este país centroamericano.
