Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades informaron que el próximo 31 de marzo esperan el fallo condenatorio en contra de 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cártel de los extraditados hermanos Valle Valle.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) señaló que de las acciones ilícitas se deriva un monto blanqueado de 119,354,988.74 millones de lempiras.
Se trata de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, así como de Amelia García y Juan Carlos Rosales García.
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El 31 de marzo se conocerá veredicto acerca de 12 personas acusadas de lavar más de 119 millones de lempiras https://t.co/XLpyVlgAsY pic.twitter.com/w0cQfGG9Tg
— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 22, 2023
También están implicados en el caso Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bairon Javier Rosales García, Hudaldina Guerra Bueso y Karen Walkidia Moreno Chinchilla. Asimismo, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Lesly Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury.
Las investigaciones señalan que el 22 de octubre del año 2015 recibieron una denuncia anónima. Se manifestó que el ciudadano identificado con el nombre de René López, era un agente inmobiliario y se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles. Esas acciones las ligaron con los hermanos Valle Valle, quienes se encuentran pagando una condena en Estados Unidos.
Seguidamente, el 11 de febrero del año 2016 recibieron otra denuncia, donde indicaron que Jorge Danilo Rosales García, Rene Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas.
La droga, según denuncias, la trasladaban desde Honduras a Guatemala, utilizando puntos ciegos entre los dos países. Con las ganancias del tráfico de drogas adquirieron bienes muebles e inmuebles y un autolote de nombre “NEKO”, ubicado en Santa Rosa de Copán.
COVID-19 interrumpió el proceso legal
El 2 de junio de 2016 recibieron una denuncia en San Pedro Sula, donde reportaron el lavado de activos realizado por los denunciados.
Posteriormente, el 13 de noviembre de 2017 capturaron a los señalados y realizaron 19 aseguramientos de bienes e inmuebles. También investigaron las viviendas ubicadas en Santa Rosa de Copán, Florida y El Paraíso, Copán.
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Luego, el 22 de enero de 2020, el Ministerio Público amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II. Realizaron el aseguramiento de 22 bienes muebles e inmuebles más, que no tenían justificación legal ni económica, según los reportes.
Finalmente, el caso comenzó en 2020, pero con la pandemia por el COVID-19 se reprogramó el juicio.
