Los dos procesos en juego para la reivindicación del sistema judicial en Honduras –la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el proyecto SIHCIC del Ejecutivo— se mueven en un ambiente nacional de desconfianza y rechazo de muy difícil legitimación.
En un conversatorio convocado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), en el que descolló la participación de juristas reconocidos mundialmente como Susana Rochanna y Baltazar Garzón, se abordó el tema obligado de la elección de la CSJ, para lo que, dijo Garzón, “es fundamental la transparencia y la independencia”.
“Somos los ciudadanos y ciudadanas –agregó este famoso jurista español— los que tenemos que descubrir las trampas, si es que las hay…ahora es el momento: a primeros de octubre se formula a los candidatos”. Es ésta una recomendación oportuna, pero, infortunadamente, de muy magra realización.
Algunos abogados de mérito indudable han optado por abstenerse de entrar a la arena de las candidaturas, convencidos como están de que, al final del día, el régimen político dictará su voluntad a como haya lugar. Garzón considera de tal actitud es “un error”, pero en Honduras actuamos con la sabiduría del perro apaleado.
Los hilos invisibles del sistema son demasiado eficaces al momento de manejar las grandes decisiones nacionales, y, en materia del control absoluto del sistema político, la captura del Poder Judicial es indispensable. Principiando con el tema de la reelección del Presidente de la República, que parece ser cuestión de vida o muerte para el régimen totalitario.
Esa determinación continuista viene a ser el meollo de la debacle política en Honduras, y así lo advertimos también en el empecinamiento gubernamental de impedir la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIH), para lo cual el régimen recurre a lo que se llama la “diplomacia desde arriba”, simulando un diálogo nacional pero imponiéndose con el apoyo –consciente o no— de la OEA, en este caso.
Las consecuencias de esa maniobra en gran escala, en el que los mecanismos de la corrupción y la impunidad son aplicados por completo, serán muy graves para la salud pública, y, todavía más, para lo poco que queda de la institucionalidad hondureña.
Una recarga más para la Oposición Indignada, que, más temprano que tarde, derivará hacia una rebeldía más actuante, de mayor incidencia en la ingobernabilidad, de cara a esta incansable siembra de rencor colectivo y voluntad de cambio.
