Tegucigalpa, Honduras.- El diputado nacionalista, Antonio Rivera, sugiere adelantar tres meses el proceso primario de elecciones, con el fin de unificar los partidos después de las fracciones que se generan.
«Presentamos un proyecto de ley para volver como era antes. Antes las elecciones internas eran un año antes de las generales. Hicieron una reforma y se cambiaron nueve meses antes y no dio resultados. Por consiguiente, planteamos nuevamente que las internas se desarrollen en noviembre del 2024 y las generales en noviembre de 2025. Son tres meses de diferencia», señaló Rivera a través de medios locales.
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Obras del gobierno
Al respecto, Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que lo que se busca es interrumpir el trabajo del actual gobierno. «Si sólo vivimos en elecciones, se entorpecen las obras de los gobiernos».
«Cuando se tomó la decisión de que las elecciones fueran el mismo año, decían los nacionalistas en ese momento que era para no entorpecer la acción del gobierno, porque si solo se vive en elecciones los gobiernos no ejecutan las obras que deben ejecutar. Hoy que ellos están fuera del poder, porque los sacamos, ahora quieren adelantar las elecciones», expresó Zelaya.
Por su parte, la sociedad civil cree que lo mejor es abordar la segunda vuelta que arranca en enero.
«La segunda vuelta se aborda en el marco de un proceso de diálogo político que impulsa la red pro equidad democrática. El proceso inicia en enero y hay participación de partidos políticos, organismos electorales, sociedad civil. El primer tema que se tocó es una reforma que se orienta a conservar la participación de los partidos políticos en la Junta Receptora de Votos», expresaron dirigentes.
Otra de las reformas que se propone desde la Unidad de Política Limpia es el cumplimiento al rastreo de dinero del crimen organizado en las campañas electorales a través del sistema financiero.
«Uno de los factores son los bancos, porque es mediante ellos que se puede fiscalizar y detectar el flujo del dinero. Es cierto que el narcotráfico y crimen organizado pueden utilizar otros mecanismos, como el dinero que se entrega directamente, que también en el sistema financiero se pueda detectar, porque la ley ya establece que arriba de 120 salarios mínimos equivalente a un millón y medio o un millón 300 mil lempiras. Eso debe detectar una alerta y los bancos deben notificar a la Unidad cuál es eso. Por eso hemos hecho acercamientos iniciales con la AHIBA para hacer una mesa de trabajo», manifestó Javier Franco, miembro de la Unidad de Política Limpia.
