Omar E. Rivera
La investigación criminal es el “talón de Aquiles” de la seguridad en Honduras. Recientes estudios realizados por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), establecen que solamente 4 de cada 100 homicidios llegan a juicio oral y público y reciben sentencia condenatoria.
Esa misma investigación indica que solamente el 9% de los homicidios cuenta con expediente completo de investigación criminal, lo que deja a 9 de cada 10 casos sin la posibilidad de ejecutar una acción penal desde el Ministerio Público (MP).
A lo largo de la historia reciente, debilidades institucionales han impedido al Estado hacerle frente –con éxito- al reto de investigar crímenes y delitos; actos al margen de la Ley son ejecutados con plena tranquilidad por parte de las bandas del crimen organizado y la delincuencia común, ante la inaceptable inoperancia, repugnante indiferencia y condenable corrupción de las entidades operadoras de justicia.
El resultado de la falta de una acción integral que focalice en las causas estructurales de los problemas de transgresión a la Ley y fechorías por doquier, fue más impunidad y la consecuente violación de los derechos humanos de los hondureños.
En medio de todo este cuadro desesperanzador, alguna luz al final del túnel aparece con acciones encaminadas a reformar el sistema de investigación criminal en el país; la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), es una extraordinaria oportunidad para mejorar un ámbito estratégico de la seguridad y justicia hondureña.
Sin embargo, deben tomarse varias medidas adicionales al inicio de las operaciones de estas dependencia estatales, tal es el caso de garantizar la sostenibilidad financiera de las operaciones, la incorruptibilidad de oficiales y agentes, la coordinación y articulación de los esfuerzos, y evitar los excesos e ilegalidades de quienes tendrán la facultad de investigar.
En la actualidad, el equipamiento y accionar de la DNII, la ATIC y la DPI, dependen fundamentalmente de los recursos de la Tasa de Seguridad y los empréstitos o donaciones de la comunidad internacional. No se puede depender de una contribución temporal de los ciudadanos, ni de préstamos y mucho menos de la caridad internacional para mantener en funcionamiento el andamiaje de investigación criminal del país.
Un sistema con las dimensiones proyectadas, además de ser costoso al inicio, también requerirá de una inversión importante y sostenida, pues el mantenimiento de laboratorios criminalísticos, sus insumos consumibles, la actualización tecnológica y los fondos necesarios para las operaciones, rebasa por mucho los presupuestos ordinarios actuales de estas instituciones.
Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que los nuevos agentes de investigación criminal repliquen los vicios del pasado, por lo que se deben implementar rigurosos procesos de seguimiento y evaluación al desempeño de los integrantes de las recién creadas unidas; la periódica aplicación de pruebas de confianza y la revisión del anormal crecimiento del patrimonio de oficiales y agentes de escala básica, será clave para disminuir el riesgo que se inserte la corrupción.
La coordinación y articulación de los esfuerzos de investigación es un desafío importante, especialmente en lo que se refiere a la distribución del trabajo por tipo de delitos y espacio territorial en el que se ejecutan; además, es fundamental volver homogéneo un protocolo único de investigación criminal que garantice una mayor efectividad en la acción de campo y gabinete. Las acciones complementarias de las diferentes agencias de investigación criminal, ya sea combatiendo operaciones en contra de las instituciones del Estado (por ejemplo: defraudación fiscal y contrabando, entre otros), los delitos complejos que realiza el crimen organizado (por ejemplo: narcotráfico y trata de personas, entre otros), y la acción consuetudinaria de la delincuencia común (por ejemplo: homicidas, entre otros), son indispensables para el buen funcionamiento del sistema.
Pero de nada va a servir tener efectivas unidades de investigación criminal si el desempeño de las fiscalías del MP, es ineficaz y si los diferentes organismos del Poder Judicial siguen politizados, lentos y no responden a la demanda existente.
Finalmente, debe certificarse que ni la DNII, la ATIC o la DPI, utilizarán procedimientos ilegales para obtener información relacionada a sus líneas de investigación. Debe respetarse el derecho a la intimidad y a los datos personales, evitando hacer uso de escuchas telefónicas y levantamiento de perfiles, con propósitos y mecanismos distintos a los permitidos por la Ley.
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