TEGUCIGALPA. A diario el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), recibe dos solicitudes de protección por parte de los colegiados, esto demuestra que todos los días los juristas están siendo objeto de la delincuencia y con ella el temor que hoy provoca ejercer dicha profesión.
Según el presidente de los bogados, José María Díaz, » el promedio que se nos presenta son dos solicitudes de protección diarias, y quiero dejar en claro que no es la cifra la que nos alarma si no que es el nivel de violencia que impera en el país y que hemos tenido el apoyo de la policía preventiva y otras instituciones para darle seguimiento a estas solicitudes».
Hasta la fecha ya se han recibido 12 solicitudes de protección, de estas, ya tres están gozando de ellas, además días atrás el Colegio de Abogados facilitó nuevas medidas de protección para los juristas de los juzgados capitalinos a raíz de la la muerte violenta de la abogada Miriam del Cid.
De enero a agosto de 2016, el CONADEH registró la muerte de 9 profesionales del derecho en 6 departamentos del país, de los cuales, en 8 casos, las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y una que se desconocen las causas de su muerte.
El ente estatal establece que del 2010 a la fecha, 13 departamentos del país han sido escenario de la muerte de 114 profesionales del derecho.
En esta radiografía de la inseguridad que enfrentan las personas que ejercen la profesión del derecho, 42 murieron en Francisco Morazán, 40 en Cortés, 7 en Atlántida, 6 en Yoro, 4 en Olancho, 3 en Copán, 2 en Comayagua, 1 en Choluteca, 1 en El Paraíso, 1 en Lempira, 1 en Santa Bárbara y 1 en Islas de la Bahía.
El documento revela que 94 de las víctimas eran hombres y 20 mujeres, además, que el 89 %de los profesionales del derecho murieron víctimas de las de arma de fuego y se estima que el 94% de los casos se encuentran en la impunidad por falta de investigación.
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De acuerdo al análisis, entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal, laboral, mercantil y civil, ex jueces de letras, de la niñez, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, jueces de la niñez, de tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de sentencias.
Además, asesores legales de entes gubernamentales, grupos campesinos, empresas de transporte pesado; directivos del Colegio de Abogados de Honduras, aspirantes a cargos de elección popular, jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas.
