Redacción. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este martes sin lugar la petición de privación de dominio en perjuicio de los bienes del ciudadano Iván Mejía Velázquez, excomisionado de la Policía Nacional, por insuficiencia probatoria.
La solicitud pretendía asegurar varias posesiones incautadas por el Ministerio Público (MP) al exfuncionario policial a finales de enero del 2023, entre los cuales figuran dos bienes inmuebles, cuatro vehículos y siete productos financieros. Sin embargo, quedó suspendida.
Según el informe del ente de justicia, la decisión se tomó porque el órgano jurisdiccional determinó que no se logró acreditar ningún medio de prueba por parte del ente acusador.
No obstante, el MP podrá apelar la decisión, pues este día solo se desarrolló la lectura del fallo. Por lo tanto, la lectura de la sentencia se llevará a cabo el siete de marzo del presente año.
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De no presentarse ningún recurso por parte de cualquiera de las partes involucradas, al haber transcurrido tres días después de la lectura de sentencia, la misma quedará firme. Es decir, que sus bienes le serán devueltos, explicó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.
Por su parte, el imputado aseguró ante medios locales que todas sus pertenencias son lícitas. «Durante mi gestión como funcionario policial, siempre traté de hacer lo humanamente posible por hacer bien las cosas», aseguró.
Incautación de bienes
En el marco de la “Operación Poseidón”, el MP ejecutó el pasado 31 de enero, aseguramiento de bienes en contra del excomisionado Iván Mejía.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se encargaron de la operación.
Entre los bienes decomisados se encuentran una residencia en el barrio La Granja, en Comayagüela. Además, un terreno en aldea El Hatillo, de Tegucigalpa; cuatro vehículos, seis cuentas bancarias y la cantidad de 7.3 millones de lempiras.
Según un comunicado del MP, a Mejía Velásquez se le investigaba por incremento patrimonial injustificado, por un monto superior a los 12 millones de lempiras. Por tal razón, las autoridades promovieron la acción de privación de dominio de bienes de origen ilícito, misma que ha quedado sin lugar este lunes.
